Después de casi tres décadas esperando justicia, la familia del concejal Luis Gregorio López Peralta finalmente obtuvo respuesta de la Corte Suprema. El alto tribunal revocó la absolución que en octubre de 2024 había ordenado el Tribunal Superior de Bogotá y condenó al exgobernador de La Guajira Juan Francisco «Kiko» Gómez Cerchar a 380 meses de prisión, equivalentes a 31 años y 8 meses, por ser el determinador del homicidio ocurrido el 22 de febrero de 1997.

La Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano, fue contundente en su crítica a los jueces de segunda instancia. Encontró que incurrieron en graves errores probatorios al no valorar pruebas fundamentales. Entre esas pruebas estaba la declaración de Yandra Cecilia Brito Carrillo, exalcaldesa de Barrancas, quien señaló directamente a Gómez como autor intelectual del crimen y dejaba constancia del poder de intimidación que ejercía en la región. Brito fue asesinada junto a su esposo en agosto de 2012.

El tribunal también impuso al exmandatario una multa de cerca de 24.500 millones de pesos y lo inhabilité por diez años para ejercer derechos y funciones públicas. Más importante aún: reconoció los perjuicios morales a favor de Diana López Zuleta, periodista e hija de la víctima, quien prácticamente dedicó su vida a perseguir justicia en este caso.

La Corte estableció que López Peralta era un concejal con proyección política y respaldo comunitario, lo que lo convertía en una amenaza para los intereses locales de Gómez. El exgobernador tenía dominio político y contaba con estructuras armadas a su disposición, incluyendo a Marcos de Jesús Figueroa, alias «Marquitos Figueroa», un contrabandista y narcotraficante que funcionaba como su «sicario personal».

Otro punto crítico en la sentencia fue el reproche a la inactividad del proceso durante siete años en el Tribunal de Bogotá, lo que permitió que prescribieran otros dos homicidios que estaban siendo investigados. Gómez actualmente cumple condena en la cárcel de La Dorada en Caldas, donde ya acumula una sentencia adicional de 55 años por los asesinatos de la alcaldesa Brito, su esposo y su conductor.