La muerte de Cecilia Quintero en una sede de Droguerías Cafam en Cúcuta el martes 24 de febrero puso en evidencia una realidad que aqueja a cientos de usuarios del sistema de salud colombiano: la dificultad para acceder a medicamentos esenciales. La mujer, quien colapsó mientras reclamaba sus tratamientos, había ido a ese punto de dispensación a exigir la entrega de medicamentos y suministros que, según ella, llevaban meses de retraso.

En un video grabado momentos antes de fallecer, Cecilia explicó su situación. Era madre de un hijo con discapacidad que usa silla de ruedas, y necesitaba pañales y otros insumos ordenados desde septiembre del año anterior. "Ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan", afirmó. Según su relato, el personal del dispensario se negaba a entregarle los pañales de enero con el argumento de que una entrega anterior estaba vencida en el sistema. "Ahora dicen que no le entregan los de enero… habiendo pañales, ¿por qué no me entregan el pendiente de enero?", cuestionó visiblemente indignada.

Su caso no era aislado en la familia. Cecilia también relataba demoras en los medicamentos de su esposo, quien había sido operado del corazón y requería rivaroxabán 20 mg y propafenona para prevenir coágulos y controlar irregularidades del ritmo cardíaco. "Si no los toma se muere", advirtió. Para ella misma, paciente renal, la situación era igualmente crítica: llevaba entre seis y siete meses sin recibir eritropoyetina, un tratamiento indispensable para su condición. Cecilia describió un patrón repetitivo: medicamentos disponibles en el dispensario pero con restricciones administrativas, entregas postergadas continuamente y la excusa del vencimiento para negarse a entregar.

Tras conocerse su muerte, Droguerías Cafam emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia. La entidad aseguró que activó "los protocolos establecidos para brindar atención inmediata, solicitando la asistencia de los servicios de emergencia" y señaló que no se evidenció "ninguna situación irregular con nuestros funcionarios durante la atención". Cafam indicó que se trata de un hecho en proceso de verificación y que son las autoridades competentes las encargadas de esclarecer lo ocurrido.

Nueva EPS también se pronunció el 24 de febrero. Lamentó profundamente los hechos y expresó solidaridad con los familiares. La EPS informó que activó "de manera inmediata sus protocolos internos de verificación y seguimiento" y solicitó formalmente a la Superintendencia Nacional de Salud y a los entes de control que acompañen una revisión exhaustiva de lo ocurrido. "Para Nueva EPS, cada afiliado es importante. La protección de la vida y la salud es el eje de nuestra labor", afirmó la entidad, al tiempo que se abstuvo de emitir conclusiones hasta contar con información oficial.

El caso de Cecilia refleja una crisis más amplia que atraviesa el sector farmacéutico colombiano. Pacientes con diabetes, enfermedades poco comunes, condiciones crónicas y otros tratamientos especializados han reportado dificultades recurrentes para acceder a sus medicamentos. El debate se ha polarizado: mientras el Gobierno sostiene que existe acaparamiento por actores privados, los distribuidores farmacéuticos denuncian que las EPS tienen deudas impagas que impiden reabastecer el canal institucional. Según datos de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, la cartera del sector llegó a 4,2 billones de pesos en el segundo trimestre de 2025, con 35,3 por ciento en cartera vencida.

El problema, señalan expertos, es fundamentalmente financiero. El sistema de salud colombiano gasta más de lo que recibe. Nueva EPS, que atiende a Cecilia Quintero, está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud debido a sus dificultades financieras. Sin recursos suficientes para pagar sus deudas con los gestores farmacéuticos, las EPS no pueden reabastecer el canal institucional de medicamentos, mientras que en las farmacias comerciales hay disponibilidad porque el dinero fluye de forma inmediata. Esta desconexión entre disponibilidad comercial y acceso institucional deja a pacientes como Cecilia en el medio, esperando medicamentos que existen pero que no pueden obtener.