El Cauca mantiene su triste récord como la región más golpeada por masacres en el país. De acuerdo con el balance más reciente de Indepaz, once de las 69 masacres registradas en Colombia durante 2026 han ocurrido en este departamento, dejando un saldo de 58 personas muertas. Esto representa el 15,9 por ciento del total nacional y refleja la gravedad de la crisis de seguridad que persiste en varios municipios, especialmente en el norte caucano.

El crimen más reciente sucedió en el municipio de Corinto. El 4 de julio, en la vereda El Barranco, fueron encontrados los cuerpos de tres comerciantes que días antes habían sido reportados como secuestrados. Según la información que maneja Indepaz, las víctimas presentaban claros signos de tortura. Se trata de Jhon Pedro Rodríguez de 38 años, Rodrigo Rodríguez de 40 años y Jhon Bastos de 35 años, los tres oriundos del Huila y dedicados a actividades comerciales en la zona cuando fueron victimados.

La violencia en el Cauca refleja una crisis de seguridad que no ha podido ser resuelta pese a los distintos enfoques que se han implementado en la última década. En abril de este año, la región vivió una escalada particularmente brutal. Entre el 24 y el 30 de ese mes hubo 24 acciones violentas y terroristas que incluían ataques con drones contra instalaciones militares, explosivos en vías y vehículos bomba, dejando 22 muertos y 37 heridos. Estos hechos fueron atribuidos al Bloque Occidental del Estado Mayor Central y al Frente Jaime Martínez.

El departamento se ha convertido en un territorio estratégico para los grupos armados por su ubicación geográfica, sus corredores hacia el Pacífico y la presencia de economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería clandestina, la extorsión y los cultivos de marihuana. Tras el acuerdo de paz de 2016 quedaron sin resolver demandas sociales y económicas de comunidades rurales, especialmente en zonas productoras de coca, lo que abrió espacio para que grupos armados expandieran su presencia.

La estrategia de confrontación militar implementada durante el gobierno Duque tampoco logró frenar el crecimiento de estas estructuras. Posteriormente, durante el gobierno Petro se intentó un camino de negociación con grupos disidentes de las antiguas FARC, pero el proceso con el Estado Mayor Central entró en crisis por incumplimientos y se fracturó en 2024, dejando por fuera al Bloque Occidental.

A pesar de los miles de efectivos de la Fuerza Pública desplegados en el terreno, los bombardeos, las capturas y las incautaciones realizadas contra las estructuras armadas, el control territorial ilegal no ha retrocedido. Las áreas de cultivo de coca, la producción de cocaína y las rutas hacia el Pacífico siguen siendo puntos de disputa entre grupos armados en territorios como el Micay, el norte del Cauca y zonas fronterizas con Nariño, perpetuando un ciclo de violencia que mantiene a miles de caucanos bajo amenaza constante.