La intervención administrativa llegó a Comfamiliar Atlántico sin aviso previo. El lunes pasado, comisiones de la Superintendencia del Subsidio Familiar se presentaron sobre las cinco de la tarde en las sedes de la Caja en Barranquilla para notificar la Resolución No. 0527 del 6 de julio de 2026. Con este acto, el Gobierno nacional tomó control total de la institución por un período inicial de doce meses, bajo supervisión del Ministerio de Trabajo dirigido por el ministro Antonio Sanguino.

La medida significó la remoción inmediata del director administrativo Herber Mantilla Gómez y de todos los miembros titulares del Consejo Directivo. En su lugar, María Teresa Carvajal Aguirre fue designada como directora encargada, con evaluaciones semestrales de su gestión. Sin embargo, apenas pasaron minutos después de la notificación cuando Comfamiliar Atlántico respondió enérgicamente.

La Caja de Compensación cuestionó duramente el procedimiento utilizado por el organismo de control. En un comunicado oficial manifestó su preocupación porque consideran que la intervención actuó como una sanción sin respetar las garantías constitucionales mínimas. "El acto administrativo invoca disposiciones relacionadas con la intervención administrativa como medida sancionatoria, sin que previamente se hubiese adelantado un procedimiento administrativo sancionatorio que garantizara plenamente el derecho de defensa, contradicción y las demás garantías constitucionales del debido proceso", afirmó la entidad.

Los abogados de Comfamiliar Atlántico detectaron lo que consideran un vicio de legalidad en la decisión. Advierten que la resolución de la Superintendencia desconoce una suspensión previamente ordenada por el Consejo de Estado sobre el artículo 97 del Decreto 341 de 1988, asunto que prometieron someter a riguroso control judicial.

Pese a que la intervención ya rige sobre las operaciones de la Caja, sus directivas salientes enfatizaron que utilizarán todos los recursos e instrumentos legales a su alcance para revertir la decisión gubernamental. La organización resaltó que defenderá sus derechos institucionales y garantizará "el respeto por el debido proceso, confiando en que las autoridades competentes analizarán de manera objetiva las circunstancias que rodean esta actuación administrativa".

Comfamiliar Atlántico también transmitió un mensaje de calma a sus trabajadores adscritos, empresas afiliadas y beneficiarios. Aseguró que mantendrá su compromiso con la transparencia y la protección de los servicios de subsidios que ha operado durante más de siete décadas en la región Caribe.