Una investigación del Ministerio de Educación reveló que casi la totalidad de universidades, institutos técnicos y tecnológicos del país tienen en sus registros al menos un graduado que no presentó las pruebas Saber Pro o Saber TyT, examen de Estado obligatorio para completar la educación superior en Colombia. La cifra engloba a 269 instituciones de educación superior durante los últimos cinco años.

El análisis abarcó a 2.410.921 graduados entre 2019 y 2024, período del cual 78.756 personas no tienen constancia de haber presentado el examen estatal. Esto representa el 3,27 por ciento del total. A nivel universitario se encontraron 40.940 casos y en programas técnicos y tecnológicos, 37.816. Además, se identificó que 5.239 estudiantes presentaron la prueba después de su fecha de graduación.

El ministro Daniel Rojas enfatizó que se trata de una cifra "marginal" y que no necesariamente refleja incumplimiento deliberado de la ley. Explicó que "Son 78.756 estudiantes de un universo de 2'410.921. Y aquí partimos siempre de la buena fe. Hay evidencia de estudiantes que quizás hayan falsificado el certificado y hayan engañado a la institución de educación superior. Puede ser que haya errores de registro en las bases de datos del Icfes. Puede ser que haya errores de registro en el Snies; es decir, que pueden existir situaciones subsanables". El funcionario agregó que "Algo puede estar fallando en la cadena de información y debemos entrar a evaluarlo con rigor técnico para subsanar este tipo de situaciones".

Para investigar la situación, la cartera educativa anunció la creación de mesas de trabajo con las 269 instituciones afectadas, depuración técnica de inconsistencias y fortalecimiento de comunicación entre universidades, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies). Solo seis instituciones de educación superior reportan cero estudiantes graduados sin haber presentado el examen.

Paralelo a esto, la Fundación Universitaria San José se encuentra en proceso de medidas sancionatorias tras comprobarse que permitió graduaciones incumpliendo la ley. El caso más conocido es el de Juliana Guerrero. Según Rojas, "la San José no solo graduó estudiantes sin presentar las pruebas de Estado, sino también personas sin cursar materias. Además, está siendo investigada por convenios irregulares, por ofertar programas que no puede ofrecer y por no cargar al Snies la información de los estudiantes".