La selva amazónica colombiana arde bajo un modelo de ocupación territorial que combina carreteras clandestinas, enormes pastizales para ganadería y plantaciones de coca. Según un sobrevuelo reciente sobre los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, la deforestación avanza como un mosaico irregular donde franjas grises de tierra talada se intercalan con vías color ocre que abren paso a potreros, mientras columnas de humo señalan quemas activas en parques nacionales como Tinigua y Chiribiquete.

Los números reflejan una devastación en aceleración. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, la tala de árboles en la Amazonía colombiana cubrió aproximadamente 56.719 hectáreas. Más preocupante aún: en solo los últimos siete años se abrieron 8.018 kilómetros de carreteras ilegales, con un promedio de cuatro kilómetros nuevos cada día durante el año pasado. El 90 por ciento de lo deforestado el año pasado está ubicado a menos de dos kilómetros de estas vías recién abiertas, lo que demuestra la relación directa entre expansión vial y destrucción de bosque.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, explicó tras el sobrevuelo que "hoy vimos una perspectiva general del avance de la deforestación de norte a sur. Hay un avance muy importante en varios núcleos y es crítico lo que ocurre en los parques Tinigua y La Macarena". Botero también señaló la existencia de "un nuevo corredor de cultivos de coca" que va de sur a norte, desde la frontera con Putumayo hasta La Macarena.

La ganadería es el principal motor del cambio. En el arco noroeste amazónico hay 3,24 millones de cabezas de ganado (el 11,4 por ciento del total nacional), y el hato creció 86 por ciento entre 2017 y 2024. De cada diez hectáreas deforestadas en esa zona, 8,3 se destinan a pastos para ganado, 1,5 a cultivos de coca y 0,2 a apertura de vías. La Amazonía concentraba en 2023 el 25,6 por ciento de los cultivos de coca del país, y en municipios del arco noroeste el área dedicada a esto creció casi 89 por ciento entre 2019 y 2023.

Detrás de esta ocupación acelerada del territorio está la inseguridad. Organizaciones armadas ilegales, incluidas disidencias de las FARC agrupadas en el Estado Mayor Central, disputan el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas, minería ilegal y otras actividades criminales. Esto explica por qué la deforestación no ocurre al azar, sino que sigue un patrón vinculado a la presencia de estos grupos y a la ausencia casi total del Estado.

Botero advierte que aunque la Amazonía representa el 43 por ciento del territorio colombiano, su lejanía de los centros de poder hace que su crisis ambiental no reciba la atención que merece en el debate público. Señaló que los candidatos presidenciales deben incluir soluciones integrales para la región en sus propuestas, considerando no solo la reforestación sino también las profundas brechas sociales y pobreza que afectan a estas zonas. La problemática, insistió, no puede resolverse sin abordar simultáneamente la seguridad y la presencia estatal en territorios que hicieron parte de la antigua zona de distensión del proceso de paz fallido hace más de dos décadas.