Las alarmas en el ministerio de Hacienda vuelven a sonar. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal acaba de presentar un diagnóstico claro: Colombia tiene un problema fiscal que se agrava cada año. La economía está creciendo demasiado rápido generando presiones inflacionarias, pero al mismo tiempo el Gobierno está gastando más de lo debido. Es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo: crear riesgo de accidentes.

El número que más asusta es este: el déficit primario llegó a 3,5% del producto interno bruto en 2025, el peor resultado en treinta años si excluimos períodos de crisis económica. Para entenderlo en términos simples, significa que por cada peso que el país recaudó en impuestos, gastó considerablemente más. El Estado invirtió más de lo que podía permitirse, impulsado principalmente por pensiones, transferencias a municipios, subsidios de combustible y salud.

Lo curioso es que la deuda pública bajó a 58,5% del PIB el año pasado, cifra que parecería buena. Pero aquí viene la trampilla: esa mejora no vino de que el Gobierno gastara mejor o recaudara más. Vino de tres factores que no puede controlar. Primero, el peso se fortaleció frente al dólar, reduciendo automáticamente lo que debe pagar en moneda extranjera. Segundo, hizo canjes de deuda (intercambios contables). Tercero, la economía creció, y cuando crece el PIB, la deuda se ve proporcionalmente más pequeña. Son alivios temporales que podrían no repetirse.

El Carf es categórico respecto a 2026: aunque el Gobierno prometió reducir el déficit primario a 2,1% del PIB, el Comité estima que sin nuevas medidas ese escenario es poco probable. Lo más probable es que llegue a 3,6%, generando un faltante de 31,1 billones de pesos. En esa trayectoria, la deuda volvería a crecer hacia 60,5% del PIB.

El problema está en cómo se gastó. El gasto de funcionamiento, es decir el dinero que se usa todos los días para mantener la máquina estatal, creció 2,6 puntos porcentuales por encima de lo tendencial. Además, la reforma pensional que entrará en vigor, el aumento del salario mínimo y cambios laborales podrían sumar 0,7 puntos adicionales de gasto al PIB solo en 2026.

Para que la deuda no se salga de control hacia 2028, el Carf es claro: se necesita un ajuste brutal. Entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB. Eso significa o cortar gastos o aumentar impuestos en cantidades significativas. De no hacerlo, la deuda podría aproximarse al 70% del PIB en 2028, muy cerca del límite de la regla fiscal que es 71%. El Comité insiste en que se necesitan reformas estructurales que aumenten ingresos, mejoren la eficiencia del gasto e intensifiquen el recaudo tributario. No son parches temporales, sino cambios profundos. Si no llegan pronto, la estabilidad macroeconómica del país entraría en zona de riesgo.