Un operativo conjunto entre el Ejército, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial destapó una historia sucia en el cielo colombiano: el hallazgo de un helicóptero que lleva tres décadas en la mira de las autoridades por su presunta conexión con organizaciones narcotraficantes.

Se trata de un Hughes 500 equipado con motor Rolls-Royce, incautado tras tres allanamientos realizados en zonas aledañas a Funza y Cota en Cundinamarca, además del aeródromo Guaymaral en el norte de Bogotá. El general César Martínez, comandante de la Brigada 13 del Ejército, confirmó el operativo e hizo un recuento preocupante del pasado de esta aeronave. Según el oficial, "esta aeronave al parecer era utilizada por organizaciones al servicio del narcotráfico y ya había sido incautada por la Policía Nacional en 1992, actualmente registra dos denuncias vigentes por hurto y falsedad marcaria".

Lo que hace más sospechoso aún el caso es que la matrícula oficial del helicóptero pertenece a Global Helicopters S.A., una empresa panameña registrada desde 2010. Sin embargo, las autoridades ya adelantan investigaciones para determinar si la matrícula visible en la aeronave es diferente a la que figura en los registros de la Aeronáutica. Esto es una bandera roja común en casos de narcotráfico, donde los delincuentes alteran la identidad de los vehículos para borrar rastros.

El permiso para volar de este helicóptero ha estado suspendido desde 2019 por múltiples razones, incluyendo órdenes de la Dirección Antinarcóticos y por vencimiento de inspecciones técnicas y certificaciones. A pesar de esto, la matrícula de Global Helicopters S.A. se mantiene vigente en Panamá de manera perpetua desde su inscripción, lo que abre interrogantes sobre la supervisión de estas empresas.

Detrás de Global Helicopters S.A. hay una junta directiva de siete miembros encabezada por Fernando Restrepo, quien figura como director y presidente. Entre los otros directivos aparecen Aristides Barría de León, vinculado a múltiples empresas panameñas, además de Erika Navarro y Moinela Herrera. También participa la firma de abogados Mus Worldwide Law, que actúa como agente residente de la compañía ante las autoridades panameñas.

La empresa está registrada para realizar actividades que van desde el arrendamiento financiero de aeronaves hasta la compra y venta de bienes, comercialización de repuestos y transacciones inmobiliarias. Esta estructura le permitió operar de forma relativamente discreta durante años, aunque con un helicóptero que nunca debió haber volado.