Un escándalo de corrupción y abuso de poder sacudió la cárcel de Pedregal en Medellín. Las autoridades capturaron a cuatro funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Impec) que, desde sus posiciones de confianza, facilitaban la entrada de drogas, licores y teléfonos celulares al centro penitenciario. Pero lo más grave es que estos mismos servidores públicos habrían abusado sexualmente de varias mujeres reclusas.

Los capturados son tres vigilantes y un auxiliar del Impec. De acuerdo con las investigaciones, estos hombres aprovechaban su rol institucional para introducir estupefacientes y otros objetos prohibidos al interior de la cárcel. Lo que comenzó como un negocio de contrabando terminó en un esquema de explotación sexual donde utilizaban el acceso a drogas y licor como medio de presión para obligar a las internas a tener relaciones sexuales contra su voluntad.

Lo más perturbador del caso es que una de las reclusas fue vinculada al grupo delictivo. Con el tiempo, esta mujer se convirtió en la controladora del esquema, facilitando y permitiendo el acceso carnal de otras internas. Según las autoridades, en varias ocasiones suministraron sustancias psicoactivas a las víctimas para dejarlas indefensas antes de cometer los abusos. Las investigaciones han documentado seis casos bajo esta modalidad.

El caso salió a la luz tras la denuncia valiente de una de las víctimas. Los cuatro capturados fueron presentados ante un juez, quien ordenó su aseguramiento en centro penitenciario mientras avanzan las investigaciones ante la Fiscalía General. Este caso evidencia una vez más las vulnerabilidades del sistema carcelario colombiano y la facilidad con que algunos funcionarios pueden convertir su autoridad en instrumento de corrupción y abuso.