El caimán llanero, una especie endémica de la región Orinoquía que está en riesgo crítico de extinción, se encuentra al borde del colapso por un conflicto administrativo entre la Universidad Nacional, el Ministerio de Ambiente y las corporaciones ambientales regionales. El Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero, uno de los esfuerzos más antiguos del país para evitar la desaparición del Crocodylus intermedius, enfrenta una situación que pone en peligro la vida de cientos de animales.

Cerca de 200 de los aproximadamente 470 caimanes bajo cuidado institucional ubicados en el Parque Agroecológico Merecure y en la Universidad de los Llanos, en Villavicencio, llevan meses sin alimentación regular. La situación se agravó tanto que la Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva el 27 de mayo llamando a todas las entidades involucradas a adoptar medidas urgentes para garantizar el cuidado de los animales. Ese mismo día, el Ministerio de Ambiente anunció un plan de acción que incluye liberaciones en puntos estratégicos de la Orinoquía a partir de julio, con apoyo del Ministerio de Defensa para los traslados.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, Lucy Gabriela Delgado Murcia, quien llegó al cargo en octubre de 2024, encontró un escenario desalentador: seis versiones distintas del inventario de animales, traslados sin documentos de autorización, proyectos de investigación con la especie sin aprobación de comités de ética, y convenios que considera irregulares. Delgado explicó que "la universidad no puede seguir coleccionando caimanes" y señaló que la responsabilidad de financiar el programa debe recaer en el Estado, no en la institución académica. La Universidad Nacional ha asumido casi exclusivamente los costos de reproducción y cuidado durante más de dos décadas, invirtiendo según la decana más de mil millones de pesos.

El problema estructural es grave: muchos de los caimanes superan los 10 y 20 años de edad y pesan entre 100 y 400 kilogramos, cuando los protocolos de conservación indican que deberían ser liberados entre el primer y segundo año de vida para maximizar sus posibilidades de supervivencia en la naturaleza. Durante una visita del Ministerio de Ambiente en julio de 2025 se identificaron al menos 18 animales ciegos y otros con mutilaciones, presumiblemente asociadas al confinamiento prolongado.

Mauricio Salazar, documentalista de la Fundación Renacer, describió las condiciones que encontró en las instalaciones con términos desgarradores: "Cocodrilos donde se les ven las escápulas como si fueran unos ganchos de ropa y la piel colgada". La fundación consiguió una tonelada de pollo con recursos propios para alimentar a los animales, pero le fue negada la autorización de todas las entidades responsables para hacerlo. Ante esta situación, radicó una tutela pidiendo que se garantice el suministro inmediato de alimento y que las autoridades definan claramente quién es responsable del sostenimiento de los ejemplares.

Lo más preocupante es que esta crisis llega cuando el programa comenzaba a mostrar resultados. Entre 2016 y 2024 se liberaron más de 40 ejemplares en la Orinoquía, incluyendo 14 individuos en el río Tomo en 2023 y 11 en 2024, varios de ellos con transmisores satelitales para seguimiento científico. Investigadores como Ana María Saldarriaga, bióloga e investigadora asociada al Museo de Historia Natural de Nueva York, tuvieron que suspender sus estudios genéticos en 2025 al perder acceso a la estación por los conflictos internos en la universidad.

Mientras las entidades discuten responsabilidades y el juez de tutela delibera sobre las medidas urgentes, permanece sin respuesta la pregunta central: cómo un conflicto administrativo entre instituciones tiene en vilo el futuro de una especie que lleva décadas siendo protegida en Colombia.