Los productores de caña en Colombia están en aprietos. La Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña) encendió las alarmas ante una situación económica que afecta desde pequeños cultivadores hasta grandes ingenios, pasando por trabajadores, proveedores y pueblos enteros que viven de esta agroindustria.

El problema no es uno solo sino varios juntos, lo que hace la crisis más profunda. El precio del azúcar está cayendo en los mercados internacionales, el dólar se ha debilitado (lo que significa que cuando venden en dólares reciben menos pesos), entra cada vez más etanol importado que compite con el azúcar como insumo energético, y las lluvias han afectado las cosechas. Para cualquier agricultor, esto ya sería difícil. Pero hay más.

En varias regiones productoras, especialmente en el norte del Cauca, la delincuencia ha convertido la situación en un pesadilla. Procaña reporta que más de 5 mil hectáreas de cultivos han sido invadidas por grupos ilegales. Los productores enfrentan secuestros, extorsiones y actos terroristas. Esto no es un problema teórico: significa que muchos campesinos no pueden trabajar su tierra, que el costo de operar se dispara por los gastos en seguridad, y que la gente tiene miedo. Esa incertidumbre paraliza inversiones y decisiones de largo plazo.

Aquí viene lo que duele al bolsillo de cualquier colombiano. El sector de la caña genera 280 mil empleos formales y beneficia directamente a más de 1,2 millones de personas en toda la cadena productiva. Si esta industria tambalea, esos empleos desaparecen, especialmente en municipios donde no hay muchas otras opciones económicas. Estamos hablando de comunidades rurales completas que dependen de esta actividad.

Ante el panorama, Procaña hizo un llamado al gobierno. Pidió que fortalezca la seguridad en zonas productoras para que los productores puedan trabajar sin miedo. También solicitó garantizar los derechos humanos de trabajadores y cultivadores, así como implementar medidas que protejan la sostenibilidad del sector.

Además, la industria insistió en algo específico: que el gobierno priorice comprar etanol producido en Colombia en lugar de importarlo. El argumento es que esto fortalecería la soberanía energética del país, protegería esos 280 mil empleos y garantizaría ingresos para miles de personas ligadas a la producción agroindustrial. En otras palabras, comprar nacional aquí no es un capricho sino una cuestión de empleo rural.