Cali vivió una jornada de tensión extrema este miércoles 20 de mayo que expuso dos crisis simultáneas: los bloqueos de manifestantes que exigían soluciones habitacionales y una emergencia humanitaria sin precedentes en el barrio Granada.

Alrededor de 200 personas vinculadas a la "Minga Cali" tomaron la avenida 2 Norte a la altura del CAM e hicieron bloqueos intermitentes de 10 minutos en la plazoleta Jairo Varela. Su reclamo era directo: exigían tierras y vivienda digna para sus comunidades. El caos en la movilidad obligó a los guardas de tránsito a desviar el flujo vehicular hacia la avenida 8 Norte y hacia Bellas Artes, generando congestión en toda la zona.

Pero mientras esto sucedía, a pocos kilómetros de allí estalló una tragedia silenciosa. En el barrio Granada, 14 familias del pueblo indígena Embera Catío fueron forzadas a abandonar sus hogares en Altos de Menga después de ser declaradas objetivo militar por bandas criminales que operan en el norte de la ciudad. Lo que vino después fue el caos humanitario: 65 personas, entre ellas 32 niños y niñas, llegaron a las instalaciones de la Unidad para las Víctimas cargando maletas, ollas y colchones que improvisaron como camas en la intemperie.

David García, director territorial de la Unidad para las Víctimas, aclaró que su institución se había convertido en un refugio de emergencia, no porque protestaran contra ellos, sino porque estas familias vivían "un desespero absoluto" tras sufrir el violento desplazamiento forzado. La realidad que encontraban adentro era desgarradora: sin acceso a baños dignos, sin comida segura y sin dormitorios apropiados para proteger a los menores de edad.

Las autoridades reaccionaron rápido. El Ministerio Público presionó a la Secretaría de Bienestar Social y de Seguridad para habilitar un albergue temporal que pudiera albergar a los niños y niñas afectados por este flagelo del desplazamiento urbano, un fenómeno que en Cali sigue siendo una herida abierta en el tejido social de la ciudad.