El Consejo de Estado le puso freno a un beneficio de la Fiscalía que venía generando polémica en Antioquia. A través de una decisión cautelar, el alto tribunal suspendió provisionalmente el levantamiento de órdenes de captura contra siete presuntos cabecillas de grupos criminales que operaban en el Valle de Aburrá. La medida llega después de que la Gobernación de Antioquia demandara esa resolución de la Fiscalía, cuestionando su legalidad.

El problema de fondo, según el análisis del tribunal, fue que la Fiscalía no hizo una verificación individual y detallada de cada caso antes de levantar esas órdenes de captura. El Consejo de Estado también advirtió que la decisión administrativa carecía de la motivación necesaria y del estudio particular que se exige para este tipo de medidas. Para el tribunal, esto representaba riesgos importantes considerando la libertad de movimiento de estos individuos.

Los siete señalados que quedan nuevamente bajo requerimiento judicial son Alberto Antonio Henao, alias 'Albert'; Andrés Dimaría Oliveros, alias 'Mundo Malo'; Fredy Alexander Henao, alias 'Naranjo'; Gustavo Adolfo Pérez, alias 'El Montañero'; Jhon Fredy Yepes, alias 'Clemente'; Mauricio de Jesús Morales, alias 'El Abogado', y Rodrigo Henao Acevedo, alias 'Perica'. Todos ellos habían quedado inicialmente cobijados por la suspensión de capturas en el marco de los procesos de "paz urbana" en Medellín y su área metropolitana.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la decisión del tribunal. Mediante X señaló: "Antioqueños: nos mantenemos en la defensa de los intereses del Departamento. Logramos que siete órdenes de captura, contra siete cabecillas de grupos criminales, se reactivaran". El mandatario agregó: "¡A capturarlos, para mañana es tarde!" y destacó que "Esos delincuentes pueden ser capturados de inmediato, incluido alias El Montañero".

Ahora el proceso continuará su curso en el Consejo de Estado. El tribunal tendrá que pronunciarse en una decisión de fondo sobre la validez de la resolución de la Fiscalía que originó toda esta controversia jurídica alrededor de los diálogos con estructuras criminales en el Valle de Aburrá.