Mientras el presidente Gustavo Petro no firme el decreto que lo ordene, la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá", permanece congelada. Y eso significa que las Fuerzas Militares y la Fiscalía tienen atadas las manos. En el terreno, la disidencia no tiene esas limitaciones. Sigue operando, reclutando, moviéndose y ejerciendo control sobre buena parte del territorio nacional como si nada pasara.

Los efectos ya se sienten en las comunidades. En Caquetá, una familia desesperada escondió a sus seis hijos en la selva para que no fueran reclutados por esta disidencia. El padre fue marcado por el grupo armado, lo que agravó aún más el riesgo para toda su familia. En Guaviare es peor todavía: campesinos reportan toques de queda impuestos por la disidencia, restricciones para movilizar productos y una presión constante que deja la economía local paralizada.

El crecimiento de esta estructura es alarmante. Antes de que Petro llegara a la presidencia, tenía cerca de 1.400 combatientes en las filas. Hoy ronda los 3.000. Ese aumento no es casualidad: coincide exactamente con los períodos de cese al fuego que le dieron margen para reorganizarse y expandirse sin presión. Su presencia ya está consolidada en Caquetá, Guaviare, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Magdalena Medio, con alertas sobre posible expansión hacia Huila y Tolima.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, reveló que "su administración envió más de 100 reportes en lo corrido de 2025 sobre presuntas acciones criminales de estas disidencias, sin que haya una respuesta efectiva del Gobierno Nacional". Esos reportes documentan extorsión, secuestros, control territorial en municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Florencia, además de amenazas y desplazamientos forzados contra la población civil.

La contradicción está clara. La política de "Paz total" mantiene abierta una mesa de diálogos con este grupo, pero en el terreno no hay avances visibles en esas conversaciones mientras la disidencia se fortalece. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que revisará junto con la oficina del comisionado de paz los incumplimientos atribuidos a Calarcá para determinar su situación jurídica. El ministro de Defensa Pedro Sánchez, por su parte, aseguró estar de acuerdo con la captura, pero recordó que "la actuación de la Fuerza Pública depende de la decisión del presidente, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas".

Queda entonces la pregunta incómoda: ¿por qué Petro no reactiva la orden? Para expertos en seguridad, firmarla implicaría reconocer un golpe frontal a su política estrella de "Paz total" y admitir un fracaso que ya se discute en distintos sectores. Durante su campaña prometió un desarme significativo de las estructuras armadas. Esa promesa sigue en la promesa.