La alarma está encendida en Buenaventura. La Defensoría del Pueblo acaba de documentar una tragedia silenciosa pero devastadora: entre febrero y marzo de 2026 fueron asesinados al menos 23 jóvenes en su mayoría entre 17 y 30 años. Detrás de estas muertes está la disputa desenfrenada entre grupos armados por controlar territorios y negocios ilícitos, un problema que la entidad califica como evidencia del "incumplimiento de los compromisos de desescalamiento de la violencia e insuficiencia de la respuesta estatal".

Lo que más duele es que la violencia no se distribuye al azar. La Defensoría señala que estas confrontaciones se concentran en sectores específicos como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y la comuna 12, donde han surgido lo que se conoce como "fronteras invisibles". Imagina vivir en un barrio donde no puedes moverte libremente, donde tus hijos no pueden salir a jugar, donde la gente está confinada de facto en sus propios barrios. Así es la realidad en varias zonas de la ciudad.

El trasfondo es complejo. Capturas recientes de líderes delictivos han generado peleas internas en las estructuras armadas, reacomodamientos de poder que se pagan con sangre de jóvenes. Muchos de ellos no eligieron estar en medio de esto, pero están ahí de todas formas: reclutados, instrumentalizados, señalados como enemigos simplemente por vivir en el territorio equivocado.

La Defensoría documentó casos particularmente preocupantes: al menos una menor de edad fue reclutada, otro menor fue aprehendido por presunta vinculación con grupos armados, y hay tres desapariciones registradas. "La falta de información y las dificultades en los procesos de búsqueda e identificación" agravan el sufrimiento de familias desesperadas buscando a sus seres queridos, advirtió el organismo.

El problema trasciende a Buenaventura. Hasta el 31 de marzo se han reportado 15 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el país, con Antioquia y Norte de Santander como los departamentos más afectados. Las escuelas están bajo presión, los comerciantes viven extorsionados, los transportadores no saben si llegarán a casa, y los enfrentamientos armados dañan viviendas e inmovilizan a la gente.

"Esta realidad no puede continuar, el Estado debe fortalecer los mecanismos de prevención y protección que garanticen el goce efectivo de derechos para las y los menores de edad y darles la oportunidad de tener un buen futuro", sostuvo la Defensoría. El llamado es directo: el Gobierno nacional, regional y local debe actuar ya, priorizando los sectores más golpeados y atendiendo de forma diferenciada a jóvenes, comunidades vulnerables y espacios educativos.

A los grupos armados que participan en diálogos de paz, la Defensoría les recuerda lo obvio que parece olvidado: "Deben respetar la vida e integridad de las comunidades y avanzar en procesos que permitan su desmovilización y reintegración a la sociedad". En Buenaventura, mientras tanto, cada día que pasa es un día de incertidumbre para familias que ven a sus jóvenes como blancos en una guerra que no les pertenece.