Bogotá logró esquivar un desastre en febrero. Los contratos de aseo que vencían este mes no colapsaron la ciudad, pero la solución adoptada es más un parche temporal que una verdadera respuesta. La administración mantendría el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo hasta noviembre de 2027, lo que significa que ganó tiempo, sí, pero pasándole el problema al siguiente gobierno distrital.

Los cinco operadores de aseo que actualmente trabajan en la ciudad continuarán laborando en condiciones muy parecidas a las actuales. Habrá algunos ajustes: renovación de flota y cambios en las rutas de barrido, principalmente. Un cambio más significativo es que la recolección de escombros y residuos voluminosos, como colchones, muebles y restos de construcción, pasará a manos de Aguas de Bogotá, la empresa pública que tendría que gestionar hasta mil toneladas diarias de este material.

Pero aquí viene lo preocupante. Aunque la administración menciona mejoras en gestión, supervisión y educación ciudadana, la realidad es que se está operando sin un horizonte claro. Eso genera incertidumbre en los operadores, que no saben cuál será su futuro contractual después de 2027, y también en los recicladores, cuya protección depende del modelo que finalmente se adopte. Además, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento ya había rechazado una propuesta anterior por falta de respaldo técnico y financiero suficiente.

El verdadero problema es que Bogotá sigue atrapada en un sistema anticuado. El aseo de la ciudad se mide principalmente por cumplimiento horario, no por desempeño integral. No hay sensores en contenedores, no hay analítica predictiva ni rutas dinámicas. Mientras ciudades en otros lugares avanzan hacia modelos inteligentes que anticipan problemas, Bogotá sigue reaccionando después de que todo se daña. Es como apagar incendios permanentemente, en lugar de prevenirlos.

Y el panorama se complica más cuando se observan los detalles. Cerca del 41 por ciento de los 9.073 contenedores repartidos en la ciudad ha tenido problemas por vandalismo o deterioro. Pero lo más grave no es sólo ese número, sino que no existen estándares técnicos obligatorios ni lineamientos específicos para canecas en parques, andenes o zonas comerciales. Cada operador responde a la emergencia del momento, sin que haya un diseño integral detrás.

Al final, Ómár Oróstegui, director del Govlab de la Universidad de La Sabana, plantea la pregunta fundamental: "¿Bogotá está construyendo un modelo robusto para la próxima década o apenas está administrando una transición para evitar el colapso?" Por ahora, la respuesta parece evidente. La ciudad ganó tiempo, sí. Pero el reloj sigue corriendo y las soluciones de fondo siguen esperando.