Después de años de gestión administrativa, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de liquidar Air-e, la empresa proveedora de energía eléctrica que operaba en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según lo planteado, esta medida busca enfrentar la crisis que dejó la administración anterior en la prestación del servicio de energía, sometiéndose a las normas que contempla la ley colombiana. La compañía acumuló pérdidas cercanas a los 2,5 billones de pesos, con una cartera de deudas morosa que supera el billón de pesos, lo que evidenciaba un modelo de negocio completamente insostenible.

Lo que hace relevante esta decisión para millones de colombianos es lo que sucede legalmente cuando una empresa de servicios públicos entra en liquidación. Cuando una compañía de este tipo es intervenida forzosamente para ser liquidada, como lo contempla la Ley 142 de 1994, los documentos legales que sirven para cobrar deudas se debilitan considerablemente. No se trata de una condonación automática, pero abre una puerta jurídica importante. Esto ya sucedió en el pasado: cuando Electricaribe fue liquidada, miles de usuarios de estratos 1, 2 y 3 en el Caribe fueron liberados de sus compromisos, y la Nación asumió parte de esas deudas mediante esquemas de subsidio.

Los abogados especializados en derecho administrativo coinciden en que en un proceso liquidatario, las facturas emitidas por una empresa que deja de existir pierden su capacidad coercitiva. Los contratos de condiciones uniformes quedan sin efecto legal. Esto significa que la nueva empresa que eventualmente asuma la operación no estaría obligada a reconocer deudas contraídas con el operador anterior, especialmente cuando esas facturas fueron cobradas sin cumplir los requisitos normativos que exige la ley.

Ahora bien, esta decisión trasciende lo técnico y entra en el terreno político. En la próxima segunda vuelta presidencial, los habitantes de la costa Caribe enfrentarán una elección crucial sobre el futuro del servicio de energía. De un lado está la propuesta de que la empresa regrese a manos de la familia Ríos Velilla, sus antiguos dueños, quienes pretenden retomar el control. Del otro lado se plantea consumar la liquidación y avanzar hacia un nuevo operador estatal, lo que traería consigo alivio financiero para millones de familias que hoy no pueden pagar sus recibos de servicios.

La liquidación de Air-e es el resultado de un trabajo que ha tomado más de una década de gestión administrativa. Las familias de la costa ahora tienen en sus manos la capacidad de decidir con su voto hacia dónde va esta historia: si quieren que regrese el modelo anterior que les generó deudas ilegales de cientos de miles de millones de pesos, o si prefieren avanzar hacia una empresa estatal que les cancele esos pasivos y les permita acceder al servicio de energía bajo condiciones más equitativas. Las buenas noticias para los usuarios llegan en el momento preciso.