Bogotá se prepara para unas elecciones legislativas envueltas en incertidumbre. Un análisis de la Misión de Observación Electoral Regional Bogotá revela que 315 de los 901 puestos de votación de la ciudad presentan algún nivel de riesgo, es decir, el 34 por ciento. De esos, 36 están clasificados como riesgo extremo, 130 en riesgo alto y 149 en riesgo medio. El panorama pinta complicado para una capital que concentra uno de los electorados más grandes y decisivos del país.

Lo preocupante no es solo la magnitud de los números, sino cómo se distribuyen. Los alertas no están dispersos por toda la ciudad. Se agrupan en el sur, suroccidente y sectores del centro. Sumapaz es el caso más crítico: el cien por ciento de sus puestos de votación presenta riesgo. Le siguen Ciudad Bolívar y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puestos tienen irregularidades. También superan el 50 por ciento de puestos en riesgo localidades como Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero. En todos estos territorios aparece un patrón inquietante: baja participación electoral acompañada de altos niveles de votos nulos y tarjetones sin marcar. El informe sugiere que estos no son problemas aislados, sino estructurales que se repiten en el tiempo.

Detrás de estos números hay una realidad que atraviesa a Bogotá. Menos de la mitad del electorado bogotano vota. En las elecciones legislativas de 2022, apenas el 44 por ciento del censo participó en la elección de Cámara de Representantes y el 45,95 por ciento en la de Senado. Más de la mitad de los ciudadanos habilitados para votar simplemente no fue a las urnas. La ausencia masiva de votantes es el principal factor que impulsa el riesgo extremo en territorios como Ciudad Bolívar, Bosa y Santa Fe.

A este escenario difícil se suma la violencia política. El asesinato de Miguel Uribe, candidato a la Presidencia de la República, dejó claro que ni siquiera en la capital del país están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad para quienes hacen política. El informe califica el riesgo de violencia en Bogotá como "extremo". Para empeorar las cosas, nunca antes había tanta densidad de candidaturas. Hay 247 aspirantes a la Cámara de Representantes y al menos 112 al Senado que harán campaña en Bogotá. Esto hace que la capital sea el escenario electoral más disputado del país, pero con un agravante: 238 de esos 247 aspirantes a Cámara nunca han sido representantes. Son candidatos nuevos, sin experiencia política y con esquemas de seguridad más frágiles. En un contexto marcado por violencia y riesgos territoriales, eso los hace especialmente vulnerables.

La Misión de Observación Electoral pidió medidas urgentes. A la Registraduría Distrital le recomendó reforzar la capacitación de jurados y los controles en puestos con antecedentes de irregularidades. A la Alcaldía le propuso asumir la participación electoral como una política pública territorializada, especialmente en localidades donde históricamente vota menos gente. También sugirió que la Fuerza Pública diseñe un esquema de seguridad electoral focalizado que proteja no solo la jornada de votación, sino a los candidatos y la logística antes y después del día electoral en los territorios más riesgosos.

El informe reconoce que el proceso electoral en Bogotá tiene solidez institucional, pero deja una advertencia que da para pensar: el derecho al voto y a la participación política no se ejerce con las mismas garantías en todos los territorios de la ciudad. Ignorar estas señales implicaría normalizar una democracia desigual en el lugar que concentra uno de los electorados más grandes y decisivos del país.