En plena carrera presidencial para 2026, el candidato Iván Cepeda elevó la tensión entre aspirantes al acudir a la Fiscalía General para que investigue a su contrincante Abelardo de la Espriella. La acusación es grave: presunto uso indebido de recursos del sistema de salud, específicamente de los fondos que administraba Saludvida EPS, la entidad que fue liquidada después de estar bajo vigilancia especial del Estado.

La campaña de Cepeda señala que los dineros de la salud habría sido desviados hacia fines distintos a los establecidos por ley. El corazón de la denuncia es un contrato de servicios jurídicos que, según la acusación, suscribió Saludvida EPS con el despacho De La Espriella Lawyers en 2018. En ese momento, la empresa de salud atravesaba dificultades financieras severas y estaba bajo el lente regulador del Estado.

Pero la acusación va más allá. Cepeda también pide que se investiguen operaciones patrimoniales realizadas por la EPS y los posibles vínculos de personas cercanas a la campaña de De la Espriella con negocios relacionados con el sector salud. El candidato del Pacto Histórico considera que los hechos podrían configurar delitos como administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por aplicación oficial diferente.

El impacto que se le atribuye a estas presuntas irregularidades es considerable. De acuerdo con el documento presentado por la campaña de Cepeda, cerca de 1,6 millones de colombianos habrían resultado afectados de manera preliminar. Hasta el momento, Abelardo de la Espriella no ha respondido sobre esta denuncia anunciada por su contrincante.