En Barranquilla la seguridad sigue siendo una pesadilla. Tras un consejo de seguridad convocado por el ministro de Defensa, el ministro del Interior Armando Benedetti salió a advertir que la capital del Atlántico continúa siendo una de las ciudades más golpeadas por sicariato, microtráfico y extorsiones. El funcionario explicó que detrás de esta violencia hay una disputa territorial entre estructuras criminales que compiten por el control de economías ilegales, con bandas poderosas como Los Pepes y Los Costeños enfrentándose por rentas ilícitas que generan una ola de asesinatos selectivos.

Benedetti subrayó la necesidad de ir más allá de las operaciones policiales. Planteó que hay que fortalecer estrategias de prevención, educación y salud mental para atacar las raíces sociales del delito, reconociendo que el fenómeno no puede abordarse únicamente desde la fuerza pública. Pero las palabras del ministro chocan contra una realidad que sigue empeorando: durante la celebración del Carnaval, mientras la ciudad intentaba disfrutar, se registraron alrededor de 20 homicidios, la mayoría bajo la modalidad de sicariato.

El gobernador Eduardo Verano fue más directo en sus críticas. Expresó su inconformidad total con los resultados de los diálogos de paz urbana adelantados con estructuras como Los Pepes, bajo el mando de Digno Palomino, y Los Costeños, vinculados a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias "Castor". Para Verano, estos acercamientos promovidos por el Ejecutivo han demostrado ser ineficaces. El mandatario pidió al Gobierno nacional que evalúe con rigor la eficacia de estos procesos y defina claramente cuál es la ruta para frenar la violencia, insistiendo en que "el país y el Atlántico necesitan respuestas concretas".

Uno de los puntos más críticos que denunció Verano tiene que ver con la puerta giratoria del sistema judicial. Según explicó, más del 90 por ciento de las detenciones en flagrancia terminan con los implicados en libertad, lo que debilita la confianza en la institucionalidad y afecta la moral de la Fuerza Pública. La ciudadanía percibe un sistema que captura pero no retiene, generando frustración generalizada.

La tensión escaló aún más tras la masacre en el municipio de Ponedera, donde fueron asesinadas tres personas, entre ellas un menor de dos años. El gobernador rechazó categóricamente el crimen y calificó el hecho como atroz, enfatizando que la niñez debe ser protegida por encima de cualquier circunstancia. El caso incrementó la presión sobre las autoridades nacionales para adoptar medidas urgentes, pues demuestra la gravedad del contexto que enfrenta el Atlántico.

A pesar de las críticas, Verano reconoció que el departamento ha ejecutado una inversión cercana a un billón de pesos para fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública, incluyendo modernización de estaciones, dotación tecnológica y sistemas de inteligencia. También reconoció el respaldo del Gobierno nacional en el fortalecimiento del sistema SIES, aunque advirtió que los esfuerzos locales no son suficientes sin decisiones contundentes desde Bogotá.

La realidad es que Barranquilla enfrenta un desafío complejo: contener la violencia generada por disputas entre bandas, evaluar el impacto real de los diálogos de paz urbana y restaurar la confianza ciudadana en un sistema judicial que parece no responder. Mientras tanto, autoridades nacionales y locales siguen tirando hacia direcciones diferentes, y la gente del Atlántico espera respuestas concretas que por ahora no llegan.