El Gobierno de Germán Ávila, ministro de Hacienda, acaba de sellar un nuevo impuesto que divide aguas entre el fisco y los bancos. La medida busca recaudar alrededor de 8 billones de pesos para atender la emergencia climática que golpea al país. Pero aquí está el detalle que afecta tu bolsillo: más de la mitad de ese recaudo vendrá de solo dos sectores: la banca y las empresas minero-energéticas, que cargarán con el 56% del esfuerzo.

La razón de tanto peso sobre la espalda bancaria es una sobretasa. Mientras que el resto de las empresas pagarán un impuesto al patrimonio del 0,5% sobre sus activos netos superiores a 10.474 millones de pesos, los bancos pagarán el triple: 1,6%. Esto genera una conversación incómoda que va más allá de los números: qué pasa cuando aprietas a las entidades financieras que son las que prestan dinero en la economía.

María Lorena Gutiérrez, quien encabeza el Grupo Aval, uno de los conglomerados bancarios más grandes del país, lo expresó así: "Si bien es un impuesto a todo el sector productivo, sí hay una sobretasa adicional al sistema financiero del 1,6%. Finalmente, eso lo que hace es que algunos recursos no fluyan hacia el desarrollo de la economía". En otras palabras: cuando los bancos tienen menos dinero disponible por impuestos, hay menos plata para prestar, y eso afecta a empresas y personas que necesitan crédito.

El problema real es estructural, no solo de dinero de hoy. Las menores ganancias significan que los bancos acumulan menos capital propio, lo que en la jerga financiera se llama solvencia. Un banco con menos capital debe ser más cauteloso: presta menos, cobra tasas más altas o rechaza clientes que considera riesgosos. Gutiérrez fue directo: "Eso puede llevar a que algunas entidades financieras otra vez entren a pérdidas en el sistema". El calendario de pagos tampoco ayuda: dos cuotas en abril y mayo de 2026 sacarán liquidez (dinero en efectivo) muy rápidamente del sistema.

Sin embargo, la banca no cierra completamente la puerta. Después de una reunión con el Ministerio de Hacienda la semana pasada, Gutiérrez subrayó que el sector está dispuesto a apoyar, especialmente en regiones como Córdoba afectadas por la emergencia. Lo que proponen es más flexible que lo que quería el Gobierno: en lugar de obligar a los bancos a invertir dinero directamente, sugieren periodos de gracia (meses sin pago), reestructuración de deudas y créditos con tasas bajas para reconstrucción de viviendas, fincas y pequeños negocios. "Estos mecanismos pueden ser más rápidos y efectivos que esquemas de inversión forzosa", argumentó.

El pulso sigue abierto. Por un lado, la urgencia fiscal es real: hay que financiar la emergencia. Por el otro, una banca debilitada no es buena noticia para nadie. Si los bancos pueden prestar menos, las empresas medianas y pequeñas lo sienten primero, luego los empleados cuando se frenan las contrataciones, y finalmente todos cuando crece el desempleo. El equilibrio que busca el Gobierno es complicado: cobrar impuestos sin quebrar la capacidad del sector de hacer lo que hace: mover dinero en la economía.