Cali despertó nuevamente bajo la sombra del terror. Un atentado contra el Batallón de Infantería No. 3 "Pichincha", una de las principales guarniciones militares del suroccidente colombiano, sacudió a la ciudad este martes y dejó en evidencia que la violencia sigue encontrando formas cada vez más audaces de golpear instituciones clave.

El ataque fue ejecutado con un bus acondicionado para lanzar artefactos explosivos. Uno de los cilindros no detonó dentro de la instalación militar, pero otro explotó en los alrededores, generando una fuerte onda expansiva e incendio que sembró pánico entre los civiles cercanos. Afortunadamente, los heridos no presentaron lesiones graves, pero el impacto emocional en la ciudad fue profundo.

Las autoridades han señalado de manera preliminar que disidentes de las FARC, específicamente el frente Jaime Martínez, serían los responsables. Según reportes, los atacantes abandonaron el vehículo y huyeron a pie, lo que evidencia una operación planeada con precisión. La alcaldía de Cali ha ofrecido una recompensa millonaria para capturar a los autores del atentado.

Lo más preocupante es que esto no representa un hecho aislado. Cali se ha convertido en blanco recurrente de ataques con explosivos. Apenas meses atrás, otro atentado cercano a una base aérea dejó muertos y heridos, evidenciando que grupos armados ilegales han intensificado su presencia en zonas urbanas de la ciudad.

El uso de un bus como plataforma de ataque rememora los episodios más oscuros del terrorismo en Colombia. No es simplemente la carga explosiva: es la intención de infiltrar el miedo en la vida cotidiana, de convertir lo ordinario en amenaza. Que una instalación militar ubicada en zona urbana sea blanco de explosivos debería activar todas las alarmas.

Detrás de estos actos hay una pregunta incómoda que el país debe responder: ¿cómo retomaron capacidad operativa grupos que supuestamente se encontraban debilitados? ¿En qué momento la seguridad dejó de ser una realidad para convertirse en un discurso?

Colombia no puede permitirse el lujo de acostumbrarse a esto. Cali no merece vivir bajo el acecho permanente del terror. Las autoridades tienen la responsabilidad de actuar con contundencia, pero también existe un deber colectivo de no normalizar lo que está sucediendo. La seguridad dejó de ser un tema político: es ahora una urgencia que toca a todos.