El municipio de Cumbal, en el sur de Nariño, despierta nuevamente bajo el dolor de la violencia. Enrique Cumbalaza, un líder indígena que dedicó más de tres décadas a fortalecer los procesos organizativos del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, fue asesinado a mediodía del martes 17 de febrero. Varios hombres encapuchados lo atacaron a disparos en una zona del resguardo indígena del Gran Cumbal. La tragedia golpea fuerte a una comunidad ya marcada por años de conflicto y abandono estatal.

Lo que hace aún más doloroso este crimen es que la historia se repite en la familia Cumbalaza. Hace cuatro años, su hermana Carmen Ofelia fue asesinada en circunstancias muy parecidas. Hasta hoy, ese caso sigue sin esclarecerse. Es el mismo patrón de impunidad que agobia a muchas comunidades indígenas en el país: crímenes sin respuestas, familias destrozadas, justicia que no llega.

Cumbalaza era un hombre respetado en su territorio. Se había destacado por defender los derechos territoriales de su resguardo y participar activamente en procesos organizativos que buscaban fortalecer al pueblo de los Pastos. Su ausencia ahora deja un vacío en la lucha por los derechos indígenas.

El alcalde de Cumbal, Héctor Andrés Tapie Alpala, expresó el rechazo desde la administración municipal. En un comunicado, manifestó: "Nos solidarizamos con su dolor y elevamos una oración por su eterno descanso, deseando que encuentren consuelo y fortaleza en este difícil momento". Luego añadió: "Ratificamos nuestra firme condena frente a cualquier hecho que vulnere la vida, la integridad y la dignidad de nuestros líderes y de toda la comunidad. La protección de la vida es un principio fundamental que debe garantizarse sin excepción ni discriminación alguna".

Pero las palabras de condena no bastan. Las organizaciones sociales, la comunidad indígena y las autoridades tradicionales han hecho un llamado urgente: exigen que se identifique y judicialice a los responsables, tanto los que dispararon como quienes ordenaron el crimen. También piden mayores garantías de protección colectiva y una presencia institucional efectiva en el territorio. La preocupación es legítima: desde hace años, grupos armados ilegales operan en estos territorios.

El taita Manuel Mavisoy, secretario general de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, había advertido sobre esta situación en junio pasado. En esa ocasión afirmó: "Expreso mi total rechazo a las acciones demenciales de los grupos insurgentes, que han acabado con la vida de los líderes sociales e indígenas, llevando a un exterminio cultural de nuestros pueblos... se volvió el delito más atroz defender la vida y los derechos de nuestros pueblos... por eso nos exterminan".

En este momento, las autoridades judiciales adelantan la recopilación de material probatorio para esclarecer el crimen. Las circunstancias y móviles del asesinato siguen siendo materia de investigación. Lo que es claro es que en Cumbal, como en muchas zonas del país, la impunidad sigue siendo la que verdaderamente governa.