Armando Wouriyú: el líder indígena que maneja la cuenta donde Petro pide aportes para la constituyente

El presidente Gustavo Petro designó a Armando Custodio Wouriyú Valbuena como vocero del comité que impulsa una Asamblea Nacional Constituyente, el mismo que aparece como titular de la cuenta bancaria donde se recaudan fondos para financiar la iniciativa. La propuesta va más allá de ajustes puntuales e incluye transformaciones estructurales en temas como modelo económico, justicia, tierra y educación. La campaña de recaudo genera controversia sobre el manejo de recursos y la transparencia del mecanismo.
Armando Custodio Wouriyú Valbuena es ahora el rostro visible de uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno Petro: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente lo designó como vocero del comité promotor, pero también resulta ser la persona cuyo nombre aparece en la cuenta bancaria a donde los ciudadanos envían dinero para financiar esta iniciativa. La combinación ha alimentado cuestionamientos sobre claridad y transparencia.
Cuando se le preguntó directamente si la cuenta es suya, Wouriyú explicó que se trata de "la cuenta de la asamblea constituyente cumpliendo los requisitos del banco, que tuvo que hacer el estudio jurídico por el mandato de la Registraduría Nacional". Agregó que "Yo no puedo disponer de esa cuenta, tengo que cumplir con unos requisitos y unos controles de la Registraduría Nacional. Incluso, eso tiene una supervisión del Consejo Nacional Electoral". Según sus palabras a El Tiempo, la meta de recaudo llega a 2.060 millones de pesos destinados a logística. "Ese dinero será usado para avanzar en el proceso de recolección de firmas, hasta el momento no nos ha entrado dinero. Nos hemos enfocado en los territorios y desde el primero de mayo, vamos a empezar la campaña de recolección urbana, en las ciudades", indicó.
El vocero insiste en que los recursos cubrirán gastos operativos básicos. "Eso es una platica necesaria para imprimir formatos, para comprar bolígrafos... hay que pagar la impresión, el soporte y los costos necesarios", explicó, incluyendo transporte y logística en todo el país. Sin embargo, el abogado penalista Julián Lara señaló que la iniciativa de Petro "es legal, pero es más una estrategia para mostrar que esté sacando plata del Gobierno para esa campaña y promover un enunciado de que no son recursos públicos".
Wouriyú no llega desconocido a este rol. Es técnico en mantenimiento mecánico con trayectoria en negociación laboral. Fue concejal en Manaure por el movimiento Cívico Wayuu, secretario de educación municipal, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y secretario de la Comisión Étnica para la Paz, participando en la firma del capítulo étnico del Acuerdo Final con las extintas Farc.
Lo que caracteriza a esta propuesta es que va bastante más allá de simples retoques constitucionales. El Gobierno la presenta como una "actualización" de la Constitución de 1991, pero en realidad abarca transformaciones profundas. "Lo que queremos hacer es actualizar la constitución frente al cambio climático y al calentamiento global. Hacer la adaptación de la constitución a la revolución digital y la gobernanza tecnológica. Hacer la reforma a la justicia, a la salud, a la educación", dijo Wouriyú a Blu Radio. El listado se extiende a "reforma agraria, el reconocimiento de la tierra como derecho de los campesinos, de los indígenas, de los negros... la reforma política electoral, la transformación del modelo económico, el Banco de la República, la solución a las desigualdades, fortalecer la soberanía nacional y la construcción de paz, y hacer un proceso de descentralización y ordenamiento territorial".
Wouriyú defiende el enfoque territorial de la propuesta. Según él, el problema real es que "todas las normas siempre están pendientes de las ciudades del centro... no están hechas para los bordes territoriales, donde vivimos en la ruralidad, donde están las dificultades". El comité busca recolectar cerca de 5 millones de firmas, aunque el mínimo legal ronda 2,3 millones, para garantizar validación ante la Registraduría.
Lo que preocupa a observadores no son las fotocopias ni los bolígrafos, sino el alcance real de estos cambios. Entre reformas al modelo económico, la estructura estatal y sectores clave como justicia, salud y tierra, los términos "actualizar" y "reemplazar" empiezan a borrarse. El timing también genera suspicacia: el presidente lanza esta campaña de financiamiento un mes antes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, mientras la campaña de su candidato preferido, el senador Iván Cepeda, recoge firmas para la constituyente discretamente, incluso en actos de su propia campaña y en el evento de adhesión de la Alianza Verde.
Fuente original: El Colombiano - Colombia
