La tensión entre Colombia y Ecuador acaba de escalar con un anuncio que cayó como balde de agua fría: el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró un arancel del 30 por ciento a las importaciones colombianas. Detrás de esta medida está la acusación de que Colombia no coopera lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico. Pero expertos señalan que los aranceles y las medidas comerciales unilaterales no son el camino para resolver una crisis que exige, más bien, mecanismos de diálogo y entendimiento real entre los dos países.

Para entender de verdad lo que está pasando en la frontera, hay que partir de un hecho clave: el narcotráfico no es un grupo o un cartel, sino un mercado transnacional con múltiples actores y eslabones distribuidos en diferentes países. Después de la pandemia, este mercado se reorganizó completamente. Colombia se consolidó como productor del alcaloide (droga refinada), pero en países vecinos como Ecuador los narcotraficantes comenzaron a instalar fases cruciales del procesamiento, incluida la transformación en clorhidrato de cocaína (forma más pura y comercializable). Este reordenamiento incrementó la demanda de servicios violentos en Ecuador, generó más circulación de dinero ilegal y aceleró la expansión de la delincuencia organizada local.

El impacto ha sido devastador en Ecuador. El control criminal sobre el sistema carcelario ecuatoriano se convirtió en uno de los factores que más ha acelerado el deterioro de la seguridad interna de ese país. Los motines en cárceles han dejado más de 500 muertos desde 2021. Ese contexto explica, en parte, por qué el presidente Noboa reacciona con tanta dureza. Pero los analistas advierten que está buscando desviar la atención de los cuestionamientos que enfrenta por los resultados de su propia política de mano dura.

En el plano de las relaciones internacionales, existe un principio no escrito pero ampliamente aceptado: los países no pueden opinar sobre la política interna de otros Estados en materia de seguridad. Ecuador tiene derecho a tomar decisiones unilaterales en política exterior, pero ese derecho debe ejercerse con prudencia y tacto, especialmente entre países vecinos con una relación histórica estrecha. Los señalamientos públicos sobre la gestión de seguridad de otro país incrementan la tensión regional y dificultan precisamente la cooperación que se necesita.

Desde Bogotá, el Gobierno colombiano ha defendido su gestión con datos del Ministerio de Defensa que muestran operaciones conjuntas e intercambio de información entre ambos países que han impactado de manera significativa las economías criminales transnacionales. Sin embargo, analistas también reconocen que el presupuesto de defensa ha enfrentado reducciones en estos últimos años, lo que ha limitado la capacidad del Ejército colombiano para enfrentar el narcotráfico con la intensidad requerida.

La salida real a esta crisis pasa por reactivar los mecanismos bilaterales, fortalecer la cooperación policial y de inteligencia, y asumir una visión regional del narcotráfico y el crimen organizado. Son fenómenos que desbordan las fronteras nacionales. Una zona tan sensible como la frontera colombo-ecuatoriana requiere entendimiento, no peleas comerciales que solo profundizarán la crisis que afecta a ambos pueblos.