La directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, ha dado un paso más en sus denuncias. Esta semana llevó a la Fiscalía pruebas concretas de lo que denuncia como extorsión: números de teléfono y cuentas bancarias donde supuestamente le pedían consignar dinero. Según informó Caracol Radio, estas pruebas hacen parte de una ampliación de la denuncia que Rodríguez interpuso contra el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, contra Juliana Guerrero, y contra una persona que dice estar privada de la libertad.

Las acusaciones que Rodríguez ha presentado estos días van más allá. Asegura que Carrillo la mandó espiar, que alguien la grababa durante reuniones, y que luego un hombre desde una cárcel le exigía sumas altas de dinero bajo la amenaza de divulgar esas conversaciones. Rodríguez sostiene que tiene chats que lo prueban. En uno de ellos, según su relato, Carrillo habría dicho que "la acción del Caballo de Troya siempre funciona" y el supuesto espía le preguntaría: "Aparte de mi persona, ¿tiene usted otro espía cerca de la oficina principal?". La respuesta atribuida a Carrillo sería: "De momento, solo te tengo a ti y te lo digo con honestidad, por eso me interesa que te sostengas allá en ese cargo". Y luego el supuesto espía habría agregado: "Puede contar con toda la información que pueda perjudicar a esa vieja desde que me remunere bien a mí".

Carrillo ha rechazado categóricamente estas acusaciones. En entrevista con El Tiempo afirmó que se trata de "unas acusaciones muy irresponsables, falaces, y que lo único que está buscando en este momento es hacer daño". El director de la UNGRD también sugirió que los señalamientos de Rodríguez responden a motivaciones políticas, algo que según él violentaría la neutralidad que deben mantener los funcionarios públicos.

Pero las denuncias de Rodríguez no se quedan en Carrillo. También ha apuntado contra Juliana Guerrero con acusaciones graves. Asegura que Guerrero se "ufanaba de tener vínculos con el ELN" y que "decía que era amiga de ellos y tenía relación", lo que habría generado temor en quienes trabajaban con ella. Rodríguez también afirma que fue ella quien reveló que Guerrero "no tenía los títulos profesionales de manera legal" y dice que compartió esta información con el presidente Petro. Desde entonces, asegura, Guerrero se convirtió en su enemiga. Rodríguez describe a Guerrero como alguien que maneja el poder en varias entidades y que incluso se habría encargado de desprestigiar a la vicepresidenta Francia Márquez.

Para entender la gravedad legal de lo que se denuncia, el abogado penalista Andrés Arteaga explicó a EL COLOMBIANO que las exigencias de dinero para no divulgar información constituyen claramente extorsión. "Este es un delito grave que implica constreñir a una persona para obtener un provecho ilícito, y su configuración dependerá de que se logre identificar quiénes son los responsables y que efectivamente existió esa presión ilegítima", subrayó el abogado, señalando que según el Código Penal la pena puede alcanzar de 16 a 24 años de prisión. Sobre las amenazas que también ha denunciado Rodríguez, Arteaga aclaró que este delito "requiere que exista una conducta idónea para generar temor o zozobra relevante" y podría castigarse con 4 a 8 años de cárcel.