Las grietas dentro de la Casa de Nariño quedaron al descubierto esta semana cuando Angie Rodríguez, la directora del Fondo de Adaptación que hasta hace poco dirigía el DAPRE y gozaba de cercanía con el presidente Gustavo Petro, concedió una entrevista a la revista Semana donde destapó lo que ella considera irregularidades y tensiones internas de alto nivel en el Gobierno. Sus palabras no solo evidencian problemas de gestión, sino también un malestar profundo de una funcionaria que se siente marginada desde la Casa presidencial.

Rodríguez señaló que funcionarios del Ejecutivo estarían aprovechando recursos públicos de manera cuestionable porque no creen en la continuidad del proyecto político. "Hay funcionarios del gobierno que no creen que este gobierno vaya a continuar y que por eso lo están exprimiendo", aseveró. Sin entrar en detalles específicos sobre casos concretos, también expresó desconfianza sobre lo que sucede con los contratos estatales y el manejo de dineros públicos, dejando en el aire interrogantes sobre posibles irregularidades en estas áreas.

El momento más crítico de la entrevista llegó cuando Rodríguez apuntó directamente a Juliana Guerrero, una figura que describe como influyente dentro del Gobierno a pesar de no ostentar un cargo oficial formal. "El poder lo tiene Juliana Guerrero, aunque no tiene cargo", afirmó. Según la directora, incluso habría alertado personalmente al presidente sobre inconsistencias en la hoja de vida de Guerrero, específicamente sobre títulos que habrían sido acreditados de manera irregular. Pero lo más grave fue cuando Rodríguez aseguró que Guerrero "se ufanaba diciendo que tenía vínculos con el ELN", lo que en el contexto político colombiano representa una acusación seria que genera automáticamente cuestionamientos sobre credibilidad y seguridad.

La funcionaria no se quedó ahí. También denunció sentirse víctima de un plan para acallarla, aunque sin especificar quiénes estarían detrás de estas acciones. Expresó desconfianza hacia ciertos organismos, incluidas instancias de inteligencia del Estado, e incluso mencionó preocupaciones de seguridad personal relacionadas con un robo en la casa de sus padres. Estas revelaciones muestran un clima de paranoia y desconfianza que trasciende lo meramente político.

Lo más revelador fue cuando Rodríguez se dirigió indirectamente al presidente a través de la entrevista, señal clara de que los canales de comunicación entre ellos se han roto. Explicó que la relación que antes mantenía con Petro se deterioró después de que llegaran comentarios a oídos del mandatario para desacreditarla. Según ella, le dijeron que era "la reina del fentanilo, contrabandista y que manejaba el puerto de Buenaventura", acusaciones que rechaza de manera implícita al considerarlas versiones malintencionadas diseñadas para apartarla del círculo presidencial. "Sé que él me va a escuchar en esta entrevista y de corazón le pido que tome las medidas pertinentes", expresó con un tono que mezcla el reclamo con la esperanza de reconciliación.

El testimonio de Rodríguez pone al descubierto lo que muchos analistas políticos ya sospechaban: dentro del Gobierno existe una lucha de poderes, rivalidades personales y desconfianza mutua que afecta la gobernanza. Una funcionaria que estuvo cerca del presidente ahora se siente excluida y utiliza los medios para hacerse escuchar, un síntoma de que algo grave está pasando en el corazón de la administración Petro.