Hay noticias que merecen celebrarse aunque incompletas. América Latina logró reducir el hambre por cuarto año consecutivo, según el informe más reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En 2024, el porcentaje de personas con subalimentación cayó al 5,1 por ciento, comparado con el 6,1 por ciento que había en 2020. En números reales, eso significa que 6,2 millones de personas dejaron de pasar hambre en solo cuatro años.

Este avance existe porque funciona una lógica que muchas veces olvidamos: cuando los gobiernos se comprometen de verdad y aplican políticas públicas sólidas—recuperación económica, apoyo a pequeños agricultores, protección social, innovación—las vidas mejoran. No es magia. Es política pública traducida en comida en la mesa.

Pero aquí es donde la historia se pone incómoda. Mientras 6,2 millones dejaron de pasar hambre, más de 33 millones de personas en la región aún lo padecen. A eso hay que sumarle que 167 millones enfrentan inseguridad alimentaria, es decir, no saben de dónde vendrá su próxima comida. Y 181 millones no pueden permitirse comprar una dieta saludable. La paradoja es brutal: simultáneamente, 141 millones de adultos padecen obesidad. Así funciona la malnutrición en nuestros países: hay hambre y hay sobrepeso coexistiendo en la misma región, incluso en las mismas ciudades.

El culpable central tiene nombre: el costo. Una dieta saludable en América Latina cuesta en promedio 5,16 dólares diarios por persona, cuando se ajusta a la capacidad de compra real de cada país. Es el precio más alto del mundo. Para una familia colombiana pobre, eso no es un número abstracto: es la diferencia entre comprar arroz y frijoles o poder incluir proteína fresca y verduras. Es la diferencia entre sobrevivir y alimentarse bien.

Los problemas se multiplican. Los precios altos se combinan con dificultades económicas genuinas, acceso limitado a comida fresca en muchas ciudades y pueblos, y el impacto cada vez mayor de eventos climáticos extremos que destruyen cosechas y desestabilizan los sistemas que producen alimentos. Todo esto genera inseguridad alimentaria en cascada.

Para avanzar más, según el análisis de la FAO, los países necesitan fortalecer a los pequeños agricultores, mejorar los programas de alimentación escolar, implementar subsidios que permitan a los más pobres comprar alimentos nutritivos, e invertir en sistemas de distribución modernos. También es crítico ampliar la protección social, invertir en innovación agrícola y tecnología, y movilizar financiamiento real para transformaciones de gran escala.

La región demostró que puede avanzar. Ahora el reto es sostener ese impulso y, lo más importante, hacerlo inclusivo: que todos, no solo los que pueden pagar cinco dólares diarios, accedan a comida que realmente nutra.