El nombre de Kendry Téllez Álvarez saltó a la luz hace poco cuando la Fiscalía lo señaló como un engranaje fundamental en la estructura que habría orquestado el asesinato del senador Miguel Uribe. Conocido en el ambiente como alias Yako, este antiguo guerrillero de las Farc se desmovilizó tras el acuerdo de paz, pero según los investigadores continuó ligado a la Segunda Marquetalia, la disidencia que lideraron los desertores del proceso de paz alias Iván Márquez y Jesús Santrich.

Lo que resulta particularmente problemático en este caso es que Téllez Álvarez figura simultáneamente en procesos de reincorporación ante la JEP, lo que le permitió acceder a beneficios judiciales como libertad condicionada y suspensión de sanciones e inhabilidades. Esta situación es especialmente delicada teniendo en cuenta que el hombre tiene dos condenas vigentes: una de 28 años por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas, y otra de 51 meses por tentativa de extorsión.

Cuando se sometió al sistema transicional, la JEP le otorgó el beneficio de libertad condicionada. No obstante, desde al menos un año atrás había señales de que su comportamiento no encajaba con los compromisos que exigía el sistema. Los registros muestran múltiples intentos fallidos por ubicarlo. En marzo de 2022, una magistrada auxiliar logró contactar únicamente a un familiar suyo, quien alegó problemas de conectividad. Según consta en documentos oficiales: "Una funcionaria de este despacho adelantó las gestiones necesarias para establecer contacto telefónico con Téllez Álvarez; sin embargo, no fue posible lograr comunicación directa con el compareciente. El abogado informó que tampoco ha tenido un resultado positivo".

Tres años después, en julio de 2025, la defensa entregó nuevamente datos de contacto argumentando que Téllez Álvarez seguía activo en el proceso de reincorporación y operaba un proyecto de avicultura en zona rural de Albán, Cundinamarca. Sin embargo, nunca se presentó ante la JEP.

La Fiscalía lo ubica en un lugar central del operativo criminal. Según la investigación, Téllez Álvarez participó en la planeación, coordinación y financiación del atentado del 7 de junio de 2025. A principios de ese año, presuntamente estableció contacto con Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien sirvió de enlace entre los determinadores del crimen y la estructura criminal urbana que lo ejecutó. Se investigan también reuniones en zona de frontera con Venezuela donde se habría coordinado el encuentro entre alias El Viejo y El Zarco, identificado como cabecilla de la Segunda Marquetalia. Allí, según las versiones recogidas, se definieron tanto el objetivo—el senador Uribe—como la tarifa del crimen: mil millones de pesos.

El testimonio de alias El Viejo, ya condenado a 22 años de prisión, refuerza los señalamientos. Declara que Téllez Álvarez fue quien lo contactó e incorporó a la operación. Con base en esto y otros elementos de prueba, las autoridades consideran que su rol fue central para conectar las capacidades de un grupo armado organizado con estructuras delictivas urbanas.

La JEP ha abierto un proceso para evaluar si Téllez Álvarez incumplió los compromisos de no repetición y sujeción a la legalidad que sustentaban su vinculación al sistema transicional. Esa evaluación será determinante para decidir si será expulsado. Mientras tanto, la Fiscalía emitió orden de captura en su contra por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte de armas, ofreciendo una recompensa de 500 millones de pesos por información sobre su paradero.