La semana pasada sonó fuerte el nombre de Kendry Téllez Álvarez en los tribunales colombianos. La Fiscalía lo señaló como un engranaje fundamental en la maquinaria que habría orquestado el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Conocido en los círculos del conflicto armado como alias Yako, se trata de un exmiembro de las Farc que se desmovilizó tras el acuerdo de paz, pero que supuestamente nunca cortó del todo sus lazos. Según las investigaciones, habría continuado vinculado a la Segunda Marquetalia, ese grupo disidente que emergió cuando alias Iván Márquez y Jesús Santrich decidieron abandonar el proceso de paz.

Aquí viene lo que genera inquietud en muchos: mientras la Fiscalía lo perseguía por su presunta participación en el magnicidio, Yako estaba gozando de beneficios judiciales dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Había sido admitido en procesos de reincorporación y accedió a libertad condicionada, participación en procesos restaurativos y suspensión de sanciones. Todo esto a pesar de que cargaba con dos condenas previas: una de 28 años por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas, y otra de 51 meses por tentativa de extorsión. La JEP le otorgó ese beneficio al momento de someterse al sistema transicional, después de desmovilizarse como integrante del frente 53 del Bloque Oriental.

Pero las alarmas ya sonaban desde hace tiempo. Desde al menos un año antes de que estallara el escándalo, existían reportes sobre lo difícil que resultaba localizarlo y asegurar que compareciera ante la jurisdicción. Eso debería haber encendido las luces rojas. En los registros consta que intentaron comunicarse con él en múltiples ocasiones. En marzo de 2022, una magistrada auxiliar lo buscó sin éxito. La defensa argumentó entonces que había problemas de conectividad donde estaba. Más tarde, en julio de 2025, ya un mes después del atentado contra Uribe, la defensa presentó nuevos datos de contacto asegurando que Yako seguía activo en reincorporación y desarrollaba un proyecto de cría de aves en Albán, Cundinamarca. Nuevamente, problemas de señal explicaban por qué no respondía.

Según la Fiscalía, el rol de Yako en el crimen fue de los gordos. No solo participó, sino que habría estado metido en la planeación, coordinación y financiación del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025. Las autoridades creen que a comienzos de ese año hizo contacto con Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien después sirvió de puente entre quienes ordenaron el crimen y los ejecutores de calle. Supuestamente hubo reuniones cerca de la frontera con Venezuela donde se cerró el trato: iban a matar a Uribe por 1.000 millones de pesos. El testimonio de alias El Viejo, ya condenado a 22 años por esto, apunta directamente a Yako como la persona que lo contactó y lo metió en la operación.

Ahora la JEP debe evaluar si con estas acusaciones Yako incumplió los compromisos que le permitieron estar en libertad condicionada, especialmente sus obligaciones de no repetición y sujeción a la ley. Esa decisión será clave para saber si lo expulsan del sistema transicional o no. Mientras tanto, la Fiscalía emitió orden de captura en su contra por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Ofrecieron recompensa de hasta 500 millones de pesos para quién lo ubique.