Colombia se encamina hacia las elecciones del 8 de marzo en un ambiente tenso. No se trata solo de que los votantes elegirán un nuevo presidente, sino de que la polarización política sigue en niveles altos y hay focos de alerta en varias regiones del país. El panorama se complica porque 41,3 millones de personas están habilitadas para votar, distribuidas en más de 13.700 puestos de votación y 125.000 mesas dentro y fuera del territorio nacional. Además, ese mismo día habrá tres consultas presidenciales de los partidos políticos. La complejidad de esta jornada electoral es enorme.

Un análisis realizado por el programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura identificó un dato preocupante: 170 municipios presentan riesgo simultáneo de fraude y violencia electoral. De estos, 81 tienen condiciones consideradas extremas. Aunque suene catastrófico, lo importante es entender qué significa en números reales. Excluyendo Bogotá, en estas zonas viven aproximadamente 4,5 millones de votantes, lo que representa cerca del 11 por ciento del total nacional. Estos no son territorios donde necesariamente ocurrirán delitos electorales, sino lugares donde las acciones institucionales y la vigilancia de los ciudadanos pueden marcar la diferencia entre un proceso limpio y uno comprometido.

Margarita Martínez, docente de la universidad, explicó que la identificación de estos municipios busca saber dónde "la vigilancia ciudadana, la reacción institucional y la denuncia oportuna pueden ser más decisivas". Aquí viene lo importante para entender qué es legal y qué no en una campaña. No toda acción polémica en política es un delito electoral. Cruza la línea hacia lo ilegal cuando afecta la libertad del votante para elegir, compromete la transparencia de la votación o distorsiona los resultados. Comprar votos, trasladar irregularmente a votantes, hacer amenazas, presionar a candidatos, o financiar campañas ilegalmente son prácticas punibles. A veces, los ciudadanos pueden verlas directamente: ofertas de dinero, promesas de favores o presiones directas para apoyar a alguien.

Si alguien presencia una irregularidad electoral, los expertos recomiendan no confrontar directamente y priorizar la seguridad personal. Lo siguiente es registrar información básica de lo que pasó y reportarlo a los funcionarios presentes en la mesa de votación. Después, la denuncia formal debe ir a la Fiscalía o al Ministerio del Interior a través de los canales oficiales. No se necesita ser abogado para denunciar ni conocer el nombre exacto del delito. Solo hay que saber con claridad qué sucedió.

Existe otro riesgo creciente que los académicos advierten: la desinformación en redes sociales y mensajes de WhatsApp. No todo audio o cadena viral que circula constituye una denuncia válida. Compartir información sin datos verificables amplifica la confusión. La recomendación es confirmar lugar, hora y hechos concretos antes de difundir contenidos sobre posibles irregularidades electorales. Como señaló Martínez, "es un ejercicio que se construye entre todos".

Para poner esto en contexto histórico, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reportó en 2022 indicios de compra de votos en el 7 por ciento de las mesas que observó durante elecciones legislativas. Eso no significa que pasará lo mismo ahora, pero deja claro que la vigilancia temprana y una reacción institucional coordinada son imprescindibles. Los próximos días serán decisivos para que Colombia tenga unos comicios que la ciudadanía reconozca como legítimos.