La infraestructura vial de Colombia está mandando señales de alerta crítica. Los gremios transportadores acaban de encender las alarmas: en apenas doce años se han reportado 29 puentes con colapsos o daños estructurales graves en distintas regiones del país. Pero lo más preocupante no es el número total sino la tendencia. Desde 2023 a la fecha, han ocurrido 18 de esos 29 casos. Traducido: más del 60 por ciento de los desastres se concentró en los últimos tres años, y apenas entramos en 2026 con cinco nuevos puentes comprometidos.

El Instituto Nacional de Vías, Invías, aparece como el principal responsable con 13 de los 29 puentes afectados. La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, concentra nueve casos, mientras que administraciones departamentales reportan seis y el Ejército uno. Estos números importan porque revelan que la gestión nacional del mantenimiento vial está fallando. No se trata de eventos aislados sino de un patrón que nadie puede calificar como normal.

En febrero de 2026 la situación se intensificó. Cinco puentes se han caído o dañado gravemente en solo dos meses: el puente Chima en Córdoba, el Mendihuaca en Magdalena, San Juan y Mulatos en Antioquia, además del Jalisco también en Córdoba. Estos no son números abstractos. Cada uno significa vías bloqueadas, transportistas varados, carga sin poder fluir y familias enteras sin ingresos porque dependen del transporte. Es dinero que deja de circular en la economía local.

Lo que enfurece a los gremios es la respuesta lenta del Estado. Mientras en algunos casos como el puente Mendihuaca se anunció un paso provisional en cuestión de días, en la vía Necoclí–Arboletes pasaron 22 días antes de que Invías llegara a revisar los daños. Esas semanas no son un detalle administrativo: son pérdidas económicas acumulándose día tras día para transportistas y comerciantes.

Las organizaciones advierten de un problema específico: muchas soluciones que se presentaban como temporales en 2023 y 2024 siguen funcionando como permanentes. La vía Cúcuta–Pamplona opera desde hace tres años con puentes militares que nunca fueron reemplazados por estructuras definitivas. Eso cuesta dinero en mantenimiento y limita la capacidad de carga, encareciendo el transporte en toda la cadena.

El sector transportador hace tres peticiones concretas al Gobierno: primero, que esto deje de ser un problema olvidado en la agenda y se atienda con urgencia con cronogramas reales. Segundo, que se implementen medidas transitorias que no arruinen a transportistas y comunidades mientras duran las reparaciones. Tercero, presupuestos y plazos claros para arreglarlo de verdad, porque no pueden seguir tirando recursos en parches que duran años. Sin esto, advierten, la informalidad en el transporte puede crecer, afectando a trabajadores y pasajeros.