La tensión sobre el salario mínimo 2026 sigue caldeada. Mientras el Ministerio de Trabajo sostiene que hubo mayoría en la mesa para mantener el aumento del 23,7%, los gremios empresariales tienen otra lectura: no hubo acuerdo real, solo una discusión donde Gobierno y sindicatos impusieron su posición.

María Elena Ospina, presidenta de Acopi, fue clara en su diagnóstico. "En la mesa no hubo acuerdo, hubo una discusión", señaló. Y explicó por qué la mayoría fue "mayoritaria": "Es una mesa tripartita: el Gobierno y los sindicatos hacen la mayoría". Lo que molesta a los gremios empresariales no es el resultado, sino el proceso. Para Ospina, el punto central es otro: "queremos saber cómo el Gobierno va a justificar el salario mínimo vital". Ese concepto, que viene de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no aparece en ninguna ley colombiana. La ley que rige esto es la 278, que ordena tener en cuenta productividad e inflación. "No creo que el Gobierno tenga cómo justificarlo", fue su conclusión.

El tema de fondo es la productividad. Colombia tiene un indicador de 0,91, lo que significa, en términos simples, que el país está generando más empleos pero con menor capacidad de producción. Cuando eso ocurre, el resultado es predecible: empresas que no resisten y cierran. Ospina insistió en este punto porque toca el bolsillo de millones de colombianos. Las pequeñas y medianas empresas representan el 99,7% de las compañías del país y generan más del 80% del empleo formal. Si ellas se hunden, desaparece empleo.

Los números que maneja Acopi son alarmantes. Ya hay casos de empresas que han despedido entre 5 y 50 personas. Microempresas están cerrando o pasándose a la informalidad porque su caja no aguanta los salarios. La previsión es que podrían perderse cerca de 700.000 empleos si continúa esta estructura de salario mínimo. Para que se entienda: no es pesimismo, es cálculo de sostenibilidad. Si la empresa no genera los ingresos suficientes para pagar salarios mayores, tiene que reducir personal.

Sobre lo que viene, Ospina cree que el Consejo de Estado no va a tumbar el decreto ni va a bajar el salario mínimo. "Pensamos que el Consejo de Estado lo que le pidió al Gobierno fue aclarar de dónde salió la cifra del 23,7% y que la justifique técnicamente". En cuanto a los alivios prometidos por el Gobierno, la respuesta fue contundente: "No se acordó nada". El Ministerio de Hacienda mencionó créditos por Bancóldex, pero esos recursos generalmente no llegan a las micro, pequeña y mediana empresa. Lo que Acopi pide son medidas más directas: subsidios temporales a la nómina, compensación de cargas no laborales, devolución acelerada de IVA. "Esperamos que el paquete realmente sea focalizado", pidió.

El panorama que dibuja Ospina es de una tensión sin resolver. El Gobierno habla de apoyo a las mipymes, pero desde Acopi sienten que eso quedó en promesas. "Es un gobierno aislado de la realidad del país", fue su apreciación final. Y ahí está el nudo: mientras Gobierno y sindicatos celebran una mayoría en la mesa, en las calles colombianas los pequeños empresarios ven cómo sus negocios se cierran y sus trabajadores quedan sin empleo.