Ana María Vesga, presidenta de Acemi, salió al paso del Decreto 182 expedido por el Gobierno Nacional el 25 de febrero, argumentando que la medida introduce cambios significativos en cómo operarán las empresas promotoras de salud en el país, pero sin la autoridad legal para hacerlo. Según explicó, bajo las nuevas reglas de habilitación, algunas EPS deberán ceder obligatoriamente a sus afiliados a otras empresas que tienen mayor presencia en ciertos municipios.

El impacto será masivo. Alrededor de 6,5 millones de colombianos serían trasladados de una EPS a otra en esta reorganización. Lo preocupante, según Vesga, es que muchas de las entidades receptoras se encuentran actualmente bajo medida de intervención, es decir, están siendo supervisadas por las autoridades debido a problemas de funcionamiento.

Vesga reconoció que desde el punto de vista conceptual, la regionalización del aseguramiento podría tener lógica como estrategia para mejorar la eficiencia en la atención. Sin embargo, advirtió que en esta ocasión no se reúnen dos condiciones fundamentales. La primera es que el Consejo de Estado ya había establecido que los cambios a las reglas del aseguramiento tienen lo que se llama reserva de ley, lo que significa que solo pueden hacerse a través de una ley del Congreso, no por decreto. "No puede el Gobierno Nacional insistir en implementar la reforma a la salud y los cambios estructurales al sistema de salud a través de decreto", señaló Vesga.

La segunda condición que no se cumple es aún más grave. El sistema de salud colombiano atraviesa actualmente una fragilidad estructural, financiera y de atención que los pacientes experimentan día a día, especialmente en las EPS intervenidas. Trasladar población entre entidades sin equilibrio operativo, explicó, no solo es inoportuno sino imprudente, pues significa que personas que actualmente reciben atención adecuada probablemente serán trasladadas a empresas que tienen dificultades.

Vesga consideró que esta decisión profundiza la crisis existente del sistema y agrava la situación de miles de pacientes. Por esa razón, desde Acemi en conjunto con otros actores, anunció que insistirá en utilizar vías legales para prevenir lo que calificó como un posible daño mayor e irreversible a un sistema ya fragmentado y que genera creciente preocupación entre los colombianos.