Faltan 34 días para que los colombianos elijan quien gobierne el país hasta 2030, reemplazando al presidente Gustavo Petro. En medio de trece campañas paralelas, incluyendo la del voto en blanco, hay algo que falta en la conversación: un enfoque serio en qué van a hacer realmente los candidatos si ganan.

Un análisis reciente plantea una pregunta incómoda: por qué en Colombia, a diferencia de las elecciones locales, los aspirantes a la presidencia no están siendo evaluados principalmente por sus programas de gobierno. Desde 1994, la ley exige que alcaldes y gobernadores presenten propuestas estructuradas. Los presidentes presentan documentos, pero muchas campañas parecen enfocadas en estrategias que ignoran completamente esta exigencia básica.

Resulta que solo seis de los trece candidatos inscritos en el tarjetón electoral tienen programas de gobierno públicamente disponibles. Iván Cepeda desarrolló uno de 94 páginas con un resumen ejecutivo de 433 páginas adicionales. Sergio Fajardo presentó 49 páginas, Claudia López 37, Abelardo De la Espriella 32, Paloma Valencia 19 y Santiago Botero apenas 8. De Roy Barrera, Luis Gilberto Murillo, Miguel Uribe Londoño, Sondra Mcollin, Carlos Caicedo y Mauricio Lizcano no hay información disponible sobre sus propuestas.

Un programa de gobierno serio debe responder tres cosas simples: qué se va a hacer, cómo se va a hacer y con qué recursos. Debe incluir diagnóstico, objetivos medibles, estrategias claras y un cronograma realista. En teoría, si el presidente electo no cumple sus metas, existe la posibilidad legal de revocatoria del mandato. Sin embargo, esto solo funciona si el ciudadano sabe exactamente qué prometió el candidato.

El llamado es a retomar la esencia de la democracia participativa que consagra la Constitución de 1991. Los debates electorales tienen sentido, pero solo si se centran en las propuestas concretas contenidas en estos programas, no en descalificaciones o promesas vagas. La ciudadanía necesita votar informada, consciente y responsablemente, sabiendo que cada decisión en urnas implica una apuesta clara sobre cómo se van a resolver los problemas más urgentes: empleo, salud, educación, justicia para las víctimas del conflicto.

El voto debe ser sobre el programa, no sobre el nombre. Y ese voto debe abrir la puerta a exigir cumplimiento durante los próximos cuatro años.