En el sector de La Escombrera, las autoridades desmontaron diez viviendas que habían sido construidas sin ningún tipo de autorización legal. Las estructuras ocupaban espacio público y estaban ubicadas peligrosamente cerca de la quebrada La Iguaná, específicamente a menos de 30 metros de esta, dentro de una zona que por ley está completamente vedada para la ocupación humana debido a su importancia ambiental.

El predio, que tiene aproximadamente 3.700 metros cuadrados y pertenece al municipio, venía siendo utilizado de forma irregular. Principalmente se almacenaba material reciclable sin cumplir con ninguna norma urbanística ni constructiva. Las estructuras que se encontraban allí eran precarias, construidas básicamente en madera, teja y mampostería, lo que las hacía especialmente peligrosas para quienes las habitaban.

Juan Camilo Arredondo, subsecretario de Control Urbanístico de Medellín, explicó que "esas acciones buscan prevenir emergencias, frenar la consolidación de asentamientos en zonas restringidas y proteger a las comunidades desde el ordenamiento del territorio". Agregó que estas intervenciones también permiten recuperar espacios que cumplen una función ambiental fundamental para la ciudad.

El funcionario dejó claro que en esa zona existe una amenaza constante de inundaciones y avenidas torrenciales. "Encontramos ocupaciones levantadas sin permiso en un área con amenaza de inundaciones y avenidas torrenciales, donde no es viable desarrollar viviendas ni actividades de almacenamiento. Eran estructuras en madera, teja y mampostería que exponían a sus ocupantes a condiciones de riesgo", comentó Arredondo.

El área intervenida forma parte de la estructura ecológica principal de la ciudad, lo que impide legalmente que sea ocupada o legalizada. Esta clasificación refleja la importancia que tiene para Medellín mantener estos espacios libres y protegidos del desarrollo urbano.