Con apenas quince días para que se realicen las elecciones, el registrador nacional Hernán Penagos lanzó un nuevo llamado de alerta sobre la seguridad electoral en el país. La advertencia es seria: hay 104 municipios que enfrentan un riesgo alto por la actividad de grupos armados ilegales, zonas donde la votación peligra si no se toman medidas inmediatas para proteger tanto los procesos como a los ciudadanos que quieran participar.

"Por eso se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar las zonas y trabajar para llevar el material electoral y la ciudadanía pueda ejercer su derecho", expresó Penagos. El funcionario enfatizó que las autoridades no solo deben esforzarse en instalar las mesas de votación, sino en garantizar toda la logística necesaria para que el proceso transcurra sin tropiezos en territorios golpeados por la violencia.

Lo que más preocupa al registrador es que los ciudadanos no puedan ejercer su derecho al voto de manera completamente libre. "No se trata solamente de que la ciudadanía pueda votar, sino que pueda ejercer su derecho al voto de manera libre", subrayó Penagos. Esta advertencia refleja una realidad incómoda: en varios rincones del país, la presencia de actores armados ilegales ejerce presión sobre los electores, limitando su libertad en las urnas.

Entre los municipios más críticos están Catatumbo en Norte de Santander y la zona de López de Micay con El Plateado en el Cauca. En este último territorio, particularmente en el corregimiento de El Plateado que pertenece a Argelia, las disidencias de las FARC sostienen enfrentamientos prácticamente permanentes con la Fuerza Pública. López de Micay, municipio vecino y puerta de acceso al cañón del Micay, ha vivido una ola de desplazamientos y confinamientos derivados de estos combates.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región viven una realidad especialmente compleja: denuncian que la presencia del Estado es intermitente y que la población civil termina atrapada en medio del fuego cruzado. Para muchos habitantes de estos territorios, el derecho a votar se convierte en un lujo que el conflicto armado no parece dispuesto a permitir.