El pasado 24 de febrero el Gobierno del presidente Gustavo Petro emitió el decreto 0173 que estableció un impuesto al patrimonio en el marco de una emergencia económica. Esta medida ha generado una ola de preocupación en las universidades privadas colombianas, que ahora enfrentan una carga fiscal sin precedentes en el sector educativo superior.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), el impacto total de esta medida será de aproximadamente 135 mil millones de pesos, cantidad que deberá ser asumida por las instituciones de educación superior privada. El problema central radica en que estas instituciones son, por ley, organizaciones sin ánimo de lucro, y su patrimonio no necesariamente representa dinero disponible, sino inversión en infraestructura educativa como laboratorios, aulas, bibliotecas y auditorios al servicio de estudiantes.

Según el decreto, todas las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200 mil UVT (unidad de valor tributario, que en 2026 equivale aproximadamente a 10 mil 474 millones de pesos) deberán pagar un impuesto del 0,50 por ciento sobre ese patrimonio. Un informe del Observatorio de la Universidad Colombiana identificó 92 instituciones que caerían bajo esta disposición. La Universidad Externado de Colombia tendría que desembolsar la cifra más alta: más de 23 mil millones de pesos, seguida por la Pontificia Universidad Javeriana con poco más de 9 mil millones.

Ascun advierte que los efectos en la sostenibilidad del sistema podrían ser sumamente graves. La organización señala que con los recursos que los estudiantes de menores ingresos recibirían mediante becas y subsidios internos, además de fondos destinados a investigación y permanencia estudiantil, se podrían crear aproximadamente 15 mil cupos educativos. "El patrimonio y la gestión responsable que tienen las IES sin ánimo de lucro permite sostener y garantizar su calidad, además de programas de becas, subsidios internos, alivios financieros y fondos de permanencia estudiantil, o de investigación, entre otros", aseguró la asociación en su análisis.

El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente de Ascun, criticó la medida señalando que "no es justo y es conceptualmente equivocado presentarlas (a las universidades) como un conglomerado de élite desconectado de la realidad social". Las universidades subrayan que operan como entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial, donde los excedentes se reinvierten completamente en mejora de la educación, investigación y docencia.

Cabe mencionar que las universidades públicas del país, así como las instituciones del sector salud, están exentas de pagar este impuesto. Adicionalmente, el Observatorio aclara que los datos utilizados corresponden principalmente a información financiera de 2024, por lo que podría haber al menos cuatro instituciones más que ingresarían al listado de pagadores una vez actualicen sus cifras.