Una cifra que congela: casi 860.000 menores colombianos entre 12 y 17 años que usan internet sufrieron algún tipo de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología en solo un año. Esto representa el 21 por ciento de quienes navegan en línea en esa edad. El hallazgo viene del estudio Disrupting Harm, presentado el 6 de mayo por la Oficina de Estrategia y Datos de Unicef Innocenti, Ecpat International y la Organización Internacional de Policía Criminal, en colaboración con investigadores que trabajaron durante 2023 y 2025 encuestando a 999 adolescentes y sus familias.

Lo más preocupante no es solo la magnitud del problema, sino el silencio que lo rodea. Ninguno de los menores encuestados interpuso una denuncia formal ante las autoridades, las líneas de ayuda o los trabajadores sociales. A pesar de que existen canales como la línea 141 del Icbf, el portal Te Protejo Colombia y el sistema ¡A Denunciar! de la Fiscalía, estos quedaron completamente desactivados en la experiencia de las víctimas. Solo el 52 por ciento le contó a alguien lo que vivió, principalmente en espacios informales: amigos, mamás o hermanos. El 34 por ciento guardó el secreto completamente.

¿Por qué este silencio? El estudio lo explica con claridad. El 36 por ciento de las víctimas simplemente no sabía a dónde acudir o a quién contarle. El 18 por ciento sentía culpa, vergüenza o estigma. Otros pensaban que no era grave o que de todas formas no pasaría nada. Una de cada cuatro víctimas estaba convencida de que reportar sería inútil. Algunos incluso temían represalias, especialmente cuando el agresor tenía vínculos con redes criminales, o que revelar lo ocurrido empeorara su situación si sus atacantes tenían acceso a imágenes suyas.

El perfil de las víctimas refleja desigualdades profundas en el país. Las niñas y adolescentes mujeres fueron golpeadas más duramente, con el 25 por ciento siendo víctimas frente al 17 por ciento de los hombres. En zonas rurales el porcentaje llegó al 29 por ciento, casi el doble que en ciudades. Conforme aumentaba la edad, también la vulnerabilidad: el 21 por ciento de los jóvenes de 17 años reportó abuso, comparado con apenas el 7 por ciento de quienes tenían 12 años. El estudio advirtió que los niños varones también sufren, pero su situación permanece oculta por normas rígidas de masculinidad que evitan que pidan ayuda.

Contrario a lo que muchos creen, el peligro no viene principalmente de desconocidos. En el 50 por ciento de los casos, el agresor era alguien que la víctima ya conocía: familiares en el 22 por ciento de los casos, parejas o intereses románticos en el 14 por ciento, y amistades en otro 14 por ciento. Solo el 21 por ciento involucró a extraños. El 70 por ciento de los menores conoció primero al atacante de forma presencial, frecuentemente en la escuela, el hogar o espacios públicos.

Las formas de abuso identificadas fueron variadas y progresivas. La más común fue recibir imágenes sexuales no deseadas, reportada por el 15 por ciento. Le siguieron ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos sexuales, presión para compartir contenido sexual, amenazas de difundir imágenes íntimas, y extorsión sexual. Una cifra alarmante: el 2 por ciento fue víctima de deepfakes o imágenes falsas creadas con inteligencia artificial que los representaban sexualmente sin su consentimiento.

Los damnificados sufrieron consecuencias emocionales graves. El estudio documentó mayores niveles de ansiedad, autolesiones e ideaciones suicidas. El abuso afectó su desempeño escolar, sus relaciones sociales y su vida en general. En casos extremos, algunos menores tuvieron que cambiar de ciudad o abandonar la escuela por el acoso y el estigma que cargaban.

Colombia tiene un serio problema sistémico. Existen vacíos legales sobre grooming, contenido sexual generado con inteligencia artificial, extorsión sexual y abuso transmitido en directo. No hay protocolos específicos para estos casos digitales, lo que dificulta la investigación y la acción coordinada entre instituciones. El estudio recomienda tipificar estos delitos, exigir a las plataformas canales de denuncia amigables para menores, y que se reglamenten las leyes sobre entornos digitales seguros. De lo contrario, Colombia seguirá respondiendo cuando ya es demasiado tarde.