A menos de un mes de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, cuando los colombianos elegirán senadores y representantes que gobernarán hasta 2030, varios centros de análisis han puesto sus ojos en quiénes aspiran a llegar al Congreso. La Fundación Paz & Reconciliación (PARES) realizó un seguimiento detallado de 3.144 candidatos inscritos para revisar sus antecedentes, buscando identificar aspirantes con cuestionamientos públicos por investigaciones judiciales, vínculos con estructuras políticas tradicionales o conexiones con clanes regionales.

Los hallazgos no son menores. El informe detectó que 195 candidaturas tienen algún tipo de cuestionamiento: 78 para el Senado, 111 para la Cámara de Representantes y 6 de circunscripciones especiales. Estos números se distribuyen en 28 departamentos y Bogotá, lo que muestra cómo persisten estructuras políticas regionales que mantienen su influencia en las listas al Congreso.

Ahora bien, ¿qué es realmente un clan político en Colombia? Se trata de estructuras de poder regional conformadas por familias o grupos cercanos que, con el tiempo, logran concentrar cargos públicos e influencia en distintos niveles del Estado. Funcionan como redes familiares o alianzas políticas, económicas y sociales que mantienen presencia en alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas departamentales y en el mismo Congreso. Estas organizaciones se perpetúan elección tras elección mediante la rotación del poder entre miembros del grupo o aliados cercanos, permitiéndoles conservar su dominio territorial y promover iniciativas que favorezcan sus intereses.

De los 195 candidatos cuestionados, 78 tienen algún tipo de relación con clanes políticos, lo que equivale al 40 por ciento. En el Senado, PARES identificó 33 aspirantes vinculados a estas estructuras, representando el 42,3 por ciento de los candidatos cuestionados para esa corporación. Entre los grupos mencionados están el Clan Char en Atlántico, el Clan Barreto en Tolima, el Clan Gnecco en Cesar, el grupo Besaile-Elías en Córdoba, el liderado por Dilian Francisca Toro en Valle del Cauca y el grupo Pineda-García también en Córdoba. Para la Cámara, hay 45 candidatos con vínculos a clanes, equivalente al 40,5 por ciento de los analizados.

Cuando se mira cuáles partidos concentran más candidaturas cuestionadas, cuatro agrupaciones tradicionales encabezan la lista: el Partido Liberal Colombiano con 33 candidatos cuestionados, el Conservador Colombiano con 32, el Partido de la U con 29 y Cambio Radical con 24. Juntos, estos cuatro partidos reúnen el 60,5 por ciento del total de candidaturas cuestionadas identificadas.

PARES aclaró que su informe es un ejercicio de monitoreo y veeduría electoral basado en investigaciones judiciales, reportes de medios de comunicación y análisis académicos. También advirtió que muchos de los procesos contra candidatos se encuentran en etapas preliminares, por lo que se respeta el principio de presunción de inocencia y el derecho de los aspirantes a participar en las elecciones.