En medio de la emergencia invernal que golpea varios departamentos del país, el Gobierno Nacional decidió cobrar una sobretasa adicional del 2 por ciento a 51 plantas generadoras de energía. Esta medida afecta directamente a 16 termoeléctricas y 35 hidroeléctricas que operan en Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena. Los recursos recaudados serán administrados por las Corporaciones Autónomas Regionales para atender a los damnificados.

Lo que parece un porcentaje pequeño genera preocupación en el sector. El nuevo gravamen se suma a las transferencias ambientales obligatorias que estas plantas ya asumen, elevando la carga para las hidroeléctricas al 8 por ciento y al 6 por ciento para las termoeléctricas. Las empresas más golpeadas son EPM, que opera 16 centrales hidroeléctricas en Antioquia entre ellas Hidroituango y Guatapé; Isagén, con 10 plantas en el mismo departamento; y Celsia, propietaria de tres pequeñas centrales.

El problema de fondo es técnico pero impacta tu bolsillo. Este 2 por ciento se cobra sobre las ventas brutas de energía, no sobre las ganancias. Significa que las empresas pagan aunque sus márgenes de ganancia sean bajos o incluso cuando operan con pérdidas. "Recibimos esta medida con preocupación y rechazo. No se trata de un cobro sobre las utilidades, sino sobre las ventas brutas de energía", manifestó Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, la asociación de generadores.

Al afectar el flujo de caja en lugar de las utilidades, este gravamen presiona la liquidez que las empresas destinan a mantener su infraestructura e invertir en nuevos proyectos. Además, el Gobierno también estableció un impuesto temporal al patrimonio del 1,6 por ciento para petroleras, carboneras y mineras. Para el sector eléctrico la tasa es menor, 0,5 por ciento, pero los efectos son similares: se grava los activos acumulados, no las ganancias, así que se paga incluso cuando no hay utilidades.

Los líderes gremiales calculan que estas dos medidas costarán 330 mil millones de pesos al sector generador de energía: 260 mil millones por el impuesto al patrimonio y 70 mil millones por la sobretasa del 2 por ciento. Estos costos operativos adicionales podrían trasladarse a las tarifas que pagan los usuarios. Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, también cuestiona si realmente se necesitaban estos impuestos cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene un presupuesto de 2,6 billones de pesos sin ejecutar.

El sector advierte que estas cargas adicionales envían una señal negativa a los inversionistas en un momento crítico. "Gravar de manera adicional a un sector que garantiza la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico envía una señal negativa a la inversión y puede terminar afectando la seguridad energética del país", alertó Gutiérrez. Empresas con dificultades financieras como Air-e enfrentarán aún más presión y podrían verse obligadas a endeudarse para cubrir estas obligaciones tributarias.