A menos de dos semanas de los comicios legislativos, se destapó un problema que pone en jaque a la democracia colombiana. El Espectador reveló que al menos 21 candidatos al Senado y la Cámara tienen procesos formales en la justicia por delitos graves como corrupción, compra de votos y hasta desaparición forzada. Pero la cifra es aún más preocupante: la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) documentó 195 candidaturas cuestionadas en total, distribuidas entre 78 aspiraciones al Senado, 111 a la Cámara y 6 a curules especiales de paz, afro e indígenas.

Lo que más alerta es la dimensión de este fenómeno. Estas candidaturas problemáticas están presentes en 28 departamentos y Bogotá, lo que muestra que no se trata de un asunto aislado sino de una realidad nacional que toca todas las regiones. Del total, 49 candidatas son mujeres y 146 hombres. Los señalamientos incluyen desde investigaciones vigentes en juzgados y fiscalías hasta vínculos confirmados con clanes políticos dedicados a la corrupción y la cooptación del Estado. Hay conexiones hasta con escándalos históricos como la parapolítica y el caso Odebrecht, que marcó las campañas presidenciales de 2014.

Según Pares, la tendencia es preocupante: ha aumentado el número de candidatos cuestionados comparado con reportes desde 2014. Además, cuatro de cada diez aspirantes pertenecen a clanes o estructuras tradicionales de poder, lo que refleja una concentración política cada vez mayor. A esto se suma lo que se conoce como la "puerta giratoria": familiares de mandatarios y dirigentes buscan llegar al Congreso, algo que reabre debates sobre si realmente existe equidad en la competencia electoral. Aunque todos estos candidatos tienen derecho a la presunción de inocencia, sus trayectorias generan dudas legítimas sobre si deberían ocupar cargos públicos.

Uno de los escándalos más graves gira alrededor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este enjambre de corrupción salpica a varios legisladores que buscan mantener su curul pese a enfrentar procesos por pérdida de investidura en el Consejo de Estado. La Corte Suprema de Justicia investiga a los representantes Karen Manrique, Juan Loreto Gómez y Wadith Manzur por "presunto direccionamiento de contratos a cambio de apoyo político, bajo el cargo de cohecho impropio". Las senadoras Martha Peralta y Berenice Bedoya están en la lupa por "presuntas reuniones con el exdirector de la entidad, Olmedo López, para favorecer iniciativas gubernamentales mediante contratos". El senador Julio Elías Chagüi es señalado de coordinar operaciones de contratación en oficinas de la Presidencia, aunque asegura que solo realizó una "simple gestión".

Los cuatro partidos con más candidatos cuestionados son el Partido Liberal Colombiano con 33 casos, el Conservador con 32, el Partido de la U con 29 y Cambio Radical con 24. Solo el Liberal concentra el 16,92 por ciento del total, y en conjunto estas cuatro colectividades reúnen el 60,5 por ciento de todas las candidaturas problemáticas. Los casos son variados y graves: David Racero enfrenta investigación por concusión tras denuncias de obligar a su equipo a entregarle parte de sus salarios. Alex Flórez está investigado por lavado de activos y concusión, presuntamente por exigir dinero a contratistas para su campaña. Pedro Suárez Vacca afronta juicio por prevaricato relacionado con una decisión judicial ilegal cuando era juez. José Vicente Carreño del Centro Democrático tiene dos procesos activos: uno por tráfico de influencias en contratos de seguros policiales y otro más grave por su presunta participación en una desaparición forzada en 2003.

Carlos Alberto Cuenca de Cambio Radical busca reelección pese a tener una condena de siete años y seis meses de cárcel por compra de votos, la cual se encuentra en apelación. Didier Lobo enfrenta investigación por enriquecimiento ilícito y también está en la Fiscalía por un caso en el que un carrotanque distribuía agua con publicidad política suya en Aguachica, Cesar, durante una contingencia, lo que generó indagación preliminar por presunto delito de corrupción al sufragante. Miguel Polo Polo, en la circunscripción afro, enfrenta juicios por hostigamiento agravado y calumnia por mensajes de odio contra opositores. La lista continúa con Néstor Leonardo Rico por cohecho y prevaricato, Edwin Ballesteros por concierto para delinquir, Wilmer Carrillo con tres procesos por delitos contra la administración pública, y otros como Richard Aguilar y David Barguil.

A pesar de la gravedad de todo esto, los involucrados han manifestado su presunción de inocencia y sostienen que los procesos son parte del "ruido político" propio de la campaña. Mientras la justicia avanza, estos candidatos continúan recorriendo plazas y pidiendo el respaldo de los electores para asegurar su lugar en el próximo Legislativo. La pregunta que permanece en el aire es si los colombianos tendrán acceso a información clara sobre estos antecedentes antes de votar.