El país despertó con un dato que duele: diecinueve personas muertas en veintiséis atentados cometidos en apenas cuarenta y ocho horas. Una cifra que, más allá de los números, refleja algo que muchos prefieren no decir en voz alta: que en Colombia la paz se convirtió en un discurso bonito mientras la realidad sigue siendo otra completamente distinta.

La violencia en este país ha aprendido a cambiar de nombre sin cambiar de esencia. El Estado la llama terrorismo aquí, narcotráfico allá, bandas criminales más allá. Pero en las regiones alejadas de Bogotá, en esa Colombia que los titulares nacionales ignoran, todos saben que detrás de buena parte de estos ataques están estructuras armadas bien organizadas, muchas de ellas herederas de viejos grupos guerrilleros o sus disidencias. La ambigüedad no es casual: permite evitar decisiones difíciles y mantener un discurso que resuene bien en los foros internacionales.

En territorios que prácticamente escapan del control estatal, comunidades enteras viven bajo el yugo de grupos armados ilegales. Aquí la movilidad está restringida, la economía está condicionada y la presencia de instituciones públicas es casi un fantasma. Mientras tanto, en las ciudades, la violencia se reinventa: robos a mano armada, atentados a comercios, universidades que cierran por amenazas. La inseguridad dejó de ser algo que la gente siente para convertirse en algo que la gente vive todos los días.

En el debate político nacional reina la confusión. Unos culpan al gobierno anterior, otros al actual. La derecha y la izquierda se intercambian acusaciones sin llegar a acuerdos básicos sobre cómo enfrentar esto. Mientras tanto, los colombianos de a pie quedan en segundo plano, atrapados entre trincheras ideológicas que no los escuchan.

Colombia ya pasó por una guerra que nunca fue oficialmente declarada. Fingir hoy que eso no está sucediendo de nuevo, o cubrirlo con palabras bonitas, solo alarga el sufrimiento. Reconocer que hay un problema grave no significa renunciar a la paz; es justamente lo contrario, es el único camino para construirla de verdad. No puede haber paz en el discurso mientras en los pueblos y veredas sigue reinando la ley del fusil.

Lo que necesita el país va más allá de diagnósticos repetidos o señalamientos mutuos. Hace falta voluntad política real, presencia institucional en los territorios, una estrategia de seguridad que no esté al servicio de cálculos electorales. Y también hace falta que los colombianos, sin importar su posición política, entiendan que la violencia no se resuelve desde las trincheras ideológicas.

La pregunta sigue sin respuesta clara: ¿estamos en guerra? Quizá la verdadera respuesta no está en lo que digan los funcionarios en sus conferencias de prensa. Está en la vida de millones de personas que, sin cámaras que las graben, ya saben la respuesta porque la viven cada día.