Ciento nueve pacientes afiliados a Nueva EPS que padecen hemofilia y otras coagulopatías quedaron sin atención especializada tras el cierre del contrato entre la aseguradora y la Integral Solutions SD S.A.S., una institución prestadora con más de 13 años de experiencia en el tratamiento integral de estas enfermedades. La ruptura contractual obedece, según la IPS, a deudas acumuladas e incumplimientos en los compromisos financieros pactados en enero y febrero de 2026.

La situación refleja una crisis estructural más profunda en Nueva EPS. De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, la deuda de la entidad creció un 198 por ciento entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, aumentando de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones. En el mismo período, su patrimonio pasó de un saldo positivo de 485.209 millones de pesos a un patrimonio negativo de 6,25 billones de pesos. La Contraloría calificó esta situación como una "inviabilidad estructural" que pone en duda la capacidad de la EPS para atender a más de 11 millones de afiliados en el país.

Los efectos de esta crisis ya se visibilizan en todo el sistema. Noventa y cinco instituciones prestadoras de servicios de salud han interpuesto embargos que superan los 2 billones de pesos por falta de pagos de Nueva EPS. Esta situación no solo afecta la estabilidad financaria de clínicas y hospitales, sino que compromete directamente la continuidad de la atención, especialmente en pacientes con enfermedades que requieren tratamientos continuos como la hemofilia, en la cual cualquier interrupción puede generar complicaciones graves.

Las quejas de los afiliados también han escalado. Según registros ante la Defensoría del Pueblo, las inconformidades crecieron un 107 por ciento durante 2025, alcanzando 14.603 registros. Esto refleja el aumento de barreras para acceder a servicios, medicamentos y tratamientos que enfrentan los usuarios del sistema.

La intervención que la Supersalud ordenó en abril de 2024 no ha logrado revertir la situación. De hecho, según análisis de la Procuraduría General de la Nación, la intervención profundizó el desequilibrio: los costos de prestación de servicios han superado consistentemente los ingresos de la entidad. El indicador que mide esta relación pasó de 95,6 por ciento en 2022 a un deterioro aún mayor en la actualidad, evidenciando que Nueva EPS gasta más de lo que recibe para operar.

Desde el sector farmacéutico, Afidro advirtió que la intervención que debía ser una medida de salvamento no ha logrado los resultados esperados, y sus efectos recaen directamente sobre los usuarios, quienes enfrentan retrasos, interrupciones y suspensiones de tratamientos esenciales. Para los 109 pacientes con hemofilia que quedaron sin atención, la situación no es un trámite administrativo más, sino un riesgo real de sangrados no controlados, complicaciones graves y deterioro progresivo de su salud.