En las ondas de Rounds FM quedó al descubierto una de las grietas más profundas del debate político colombiano actual: la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente. De un lado, Heráclito Landinez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, defendiendo la iniciativa como salida legítima a los bloqueos políticos. Del otro, Claudia Margarita Zuleta, senadora electa del Centro Democrático, advirtiéndola como un riesgo innecesario que podría desestabilizar el equilibrio de poderes.

El punto de partida fue más técnico que ideológico. Landinez comenzó sosteniendo que la constituyente es "legítimo y es legal", respaldado en que la Constitución misma contempla este mecanismo mediante un proceso que incluye recolección de firmas, trámite en el Congreso y revisión de la Corte Constitucional. Para él, el presidente solo actúa "como cualquier otro ciudadano" apoyando reformas que han sido bloqueadas por sectores políticos resistentes al cambio.

Zuleta marcó una diferencia fundamental: "Lo que está en discusión no es si la Asamblea Nacional Constituyente es legal o es legítima", sino si es "conveniente en términos políticos, jurídicos y sociales". Su respuesta fue directa: "claramente no es conveniente". La senadora electa argumentó que abrir una constituyente sería crear una "caja de Pandora" que tambalearía el equilibrio institucional del país.

El debate subió de temperatura cuando Landinez insistió en que reformas estructurales como la de salud nunca prosperan en el Congreso, y otras como la pensional enfrentan demandas que no encuentran salida. Planteó que es necesario "hacer esa gran reforma en lo político", incluso sugiriendo cambios como eliminar instancias electorales y reorganizar el territorio. Zuleta contraatacó recordando que cuando el Gobierno logró construir mayorías en el Congreso sí ha aprobado reformas clave. Para ella, acudir a una constituyente por falta de consensos es un "atajo constitucional" que desconoce la separación de poderes.

El choque escaló hacia lo más profundo: qué tipo de país queremos. Landinez planteó que la Constitución de 1991 ha sido transformada en sentido conservador y responde a intereses particulares, especialmente en salud y educación. Zuleta contraargumentó que la Constitución actual no es antisocial y que el verdadero problema no es normativo sino de gestión pública. "Lo que nos ha hecho falta es mejor gobierno, gerencia pública, transparencia", señaló.

En el cierre, Landinez apeló a la participación ciudadana preguntando "¿Cómo va a ser un peligro formar la propia constitución entre todos los colombianos?". Zuleta, en cambio, cerró apuntando a una "contradicción política enorme": impulsar una reforma constitucional para combatir corrupción cuando, según ella, hay figuras del Gobierno cuestionadas judicialmente.

Lo que quedó claro del intercambio es que Colombia está polarizada entre quienes ven la constituyente como la única puerta para transformaciones profundas y quienes la ven como un riesgo institucional que puede traer más caos que soluciones.