Por primera vez en la historia democrática de España, un expresidente del Gobierno enfrenta una imputación formal por sus vínculos con el derrocado régimen de Nicolás Maduro. José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra bajo investigación de la Audiencia Nacional por presunto tráfico de influencias, un caso que ha generado un terremoto judicial sin precedentes en el país ibérico.

El núcleo del escándalo gira alrededor de Plus Ultra, una pequeña aerolínea que recibió 53 millones de euros de fondos públicos españoles en marzo de 2020. El gobierno socialista de Pedro Sánchez argumentó que el dinero era parte de un programa de rescate para empresas estratégicas afectadas por la pandemia de covid-19. Sin embargo, los investigadores descubrieron algo muy diferente: la compañía apenas operaba cuatro aviones Airbus A-340 y sus rutas se limitaban a Venezuela, Ecuador y Perú. Lo más preocupante es que su junta de accionistas estaba dominada por empresarios venezolanos estrechamente ligados al círculo íntimo y financiero del derrocado dictador Maduro.

La justicia española sospecha que Zapatero utilizó su influencia política para garantizar este millonario desembolso hacia los aliados del régimen venezolano. De acuerdo con información de investigaciones citadas por medios españoles, el esquema habría funcionado a través de una empresa de consultoría que actuó como intermediaria para pagos de comisiones ocultas. La gravedad de las sospechas llevó a las autoridades a allanar las oficinas del expresidente y las empresas vinculadas a sus hijas. Zapatero está citado a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio.

El caso se entrelaza también con otro personaje central en este escándalo: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, actualmente encarcelado por corrupción. En enero de 2020, Ábalos sostuvo un encuentro secreto en el aeropuerto de Madrid con Delcy Rodríguez, quien era la número dos del régimen de Maduro y tenía prohibida la entrada a la Unión Europea por sanciones internacionales. Curiosamente, hoy Rodríguez ocupa un cargo importante en el gobierno post-Maduro.

Las ramificaciones de estos negocios trascendieron más allá del Atlántico. Investigaciones revelaron que Ábalos adquirió una lujosa finca en Tuluá, Valle del Cauca, utilizando presuntamente fondos desviados de su ONG Fiadelso. Ese dinero de cooperación internacional estaba originalmente destinado a comunidades indígenas vulnerables en Colombia, Perú y Brasil, pero terminó engrosando el patrimonio de una red política que facilitaba los negocios del chavismo en Europa. El caso ilustra cómo los lazos entre políticos españoles y el régimen venezolano generaron un entramado de corrupción que atravesó océanos y fronteras.