Una lucha larga por justicia atraviesa al pueblo indígena yukpa. Desde hace casi diez años acuden a los tribunales colombianos exigiendo que se proteja su territorio ancestral en la Serranía del Perijá, en el Caribe, frente a los daños ambientales y culturales causados por la minería de carbón a gran escala. La Corte Constitucional les ha dado la razón en varias ocasiones, ordenando consultas previas, reparaciones y delimitación territorial, pero en la práctica nada se ha resuelto.

Los yukpa son un pueblo seminómada muy pequeño: representan apenas el 0,18 por ciento de la población indígena del país. En 2009, la propia Corte los incluyó en la lista de pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural. Su territorio ancestral originalmente se extendía desde el valle del río Cesar hasta la montaña, pero el conflicto armado y la llegada de grandes empresas mineras durante los años ochenta y noventa los fueron empujando hacia las alturas, limitando su espacio cada vez más.

Hoy ocupan seis resguardos que suman 34.064 hectáreas, pero gran parte de su territorio ancestral en la planicie del Cesar nunca fue titulado formalmente por el Estado. Esta falta de delimitación es precisamente lo que el Ministerio del Interior ha usado a su favor. En una sentencia de 2023, el ministerio aseguró, refiriéndose a los proyectos de la minera estadounidense Drummond, que "no se identificaron dinámicas territoriales o prácticas de grupos étnicos que puedan verse posiblemente afectadas". Una negación que duele, considerando que es el propio Estado quien no ha reconocido legalmente esas tierras.

Las negociaciones de consulta previa entre los yukpa y las grandes empresas mineras que operan en el departamento terminaron sin acuerdos. Hoy el proceso judicial se retuerce en medio de desacuerdos constantes, demoras del Estado y hasta un arbitraje internacional que complica las cosas aún más. Lo que comenzó como una demanda por respeto a sus derechos se ha convertido en un laberinto burocrático donde la justicia parece estancada.