En medio de la crisis que vive la población indígena Wiwa en La Guajira, la Unidad para las Víctimas llegó hasta la región de Marocazo, en el municipio de San Juan del Cesar, para entregar 10 toneladas de ayuda humanitaria. Los 108 hogares que la recibieron pertenecen a dos comunidades: Siminke y Sabana Joaquina, ambas enfrentando una situación de confinamiento desde el año 2025 por causa de los enfrentamientos armados que afectan esa zona rural.

La entrega de alimentos se realizó como parte del compromiso estatal de atender de forma integral a quienes han sido víctimas del conflicto. El trabajo no fue solo de una entidad: la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alcaldía municipal, representantes de la comunidad y miembros de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas se coordinaron para que la ayuda llegara de manera oportuna.

Para las comunidades indígenas, esta asistencia llega en un momento crítico. Armando Mojica Sauna, educador indígena de Siminki, explicó que "las ayudas que se reciben por parte del Gobierno Nacional han sido elementales de acuerdo con el panorama que tenemos en las comunidades. Hoy recibir estas ayudas por parte de la Unidad beneficia en todos los sentidos: fortalece la canasta familiar y contribuye a la atención de los niños, las mujeres embarazadas y nuestros adultos mayores".

El confinamiento ha limitado gravemente el acceso a alimentos y recursos básicos para estas familias Wiwa. Por eso, iniciativas como esta resultan fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables mientras continúan las acciones que buscan mejorar la situación de seguridad en la zona.

La Unidad para las Víctimas señaló que seguirá coordinando esfuerzos con otras entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral para seguir respondiendo a las necesidades de las comunidades afectadas y garantizar que accedan a todas las medidas de asistencia que contempla la ley.