Lleva cinco días el cierre territorial que mantienen pacíficamente las comunidades Wayuu en La Guajira contra el avance del proyecto eólico Wimpeshi, impulsado por Ecopetrol. Las autoridades tradicionales del pueblo indígena denuncian que una iniciativa energética de esta magnitud les fue impuesta sin respetar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, un proceso que la ley colombiana exige para cualquier proyecto que afecte territorios indígenas.

Para los líderes Wayuu, el megaproyecto va mucho más allá de una simple discrepancia sobre energía renovable. Según sus denuncias, la intervención genera profundos impactos ambientales y, lo que consideran aún más grave, rompe con los sistemas de vida ancestrales que sus pueblos han mantenido durante generaciones en armonía con el desierto, el viento y el agua. Las comunidades alertan también sobre la profanación de sitios sagrados que son fundamentales para su equilibrio espiritual y cultural.

El contexto de la protesta se ha tornado particularmente preocupante por la violencia que rodea la zona. Las autoridades indígenas denuncian la presencia constante de actores armados ilegales circulando en el territorio, lo que genera zozobra permanente entre las comunidades. A esto se suma lo que describen como amenazas provenientes de unidades del Ejército Nacional que custodian el proyecto, agravando un escenario de intimidación que vulnera su autonomía.

El punto más crítico llegó cuando, en medio de las acciones pacíficas de resistencia, un grupo armado ilegal asesinó a un hombre dentro del territorio. Este hecho refleja el deterioro acelerado de las condiciones de seguridad en la región y subraya los riesgos que enfrentan diariamente estas comunidades.

Desde el proceso organizativo, voceros Wayuu han sido contundentes en su mensaje: "El territorio no es un espacio vacío para proyectos energéticos; es un espacio vivo, espiritual y colectivo". Las comunidades exigen la suspensión inmediata del proyecto Wimpeshi, el respeto a sus derechos territoriales y espirituales, investigación exhaustiva de los actos violentos y medidas de protección efectivas para sus miembros. Mientras tanto, mantienen su cierre territorial como expresión legítima de resistencia pacífica.