La tensión que se vivía en La Guajira empezó a ceder cuando autoridades tradicionales del pueblo Wayuu, representando a 21 comunidades indígenas, se sentaron a dialogar con Ecopetrol y funcionarios locales. Los quince días de cierre territorial habían sido su forma de gritar que algo no estaba bien con el Proyecto Eólico Windpeshi. La razón del paro era clara: la empresa operaba el proyecto sin haber realizado la consulta previa, ese derecho fundamental que protege a los pueblos indígenas cuando se interviene su territorio.

El cierre no fue capricho. Las comunidades se movilizaron porque una vía ancestral, un camino tradicional vinculado al proyecto eólico, estaba siendo afectada. Esto podría impactar sus formas de vida, su cultura y su vínculo directo con el territorio que habitan. La medida funcionó: la Gobernación de La Guajira y la Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia mediaron para abrir ese espacio de conversación que ahora incluía a Ecopetrol, autoridades tradicionales y el Movimiento Indígena Nación Wayuu.

Durante el encuentro, lo que más resonó fue el mensaje de las comunidades: insistieron en que cualquier intervención en su territorio debe respetar sus derechos colectivos y sus formas de vida. También pidieron que se hiciera un análisis técnico y jurídico riguroso sobre si la consulta previa era realmente procedente en este caso. No era un "no" rotundo a la energía renovable, sino un "queremos que se haga bien, con nosotros dentro de la conversación".

Jaime Escrucería, coordinador étnico nacional de Ecopetrol, expresó su desacuerdo con ciertos comunicados sobre el tema, señalando que "no refleja la realidad del proceso ni la postura de las partes". Mientras tanto, el Movimiento Indígena Nación Wayuu rechazó una publicación que consideraron tendenciosa y que los exponía a riesgos de seguridad.

El resultado más importante de estos quince días de tensión es que ahora existe un canal de comunicación. Comunidades, empresa y entidades del Estado acordaron continuar trabajando juntos bajo principios de respeto y participación real. Las organizaciones defensoras de derechos humanos reclaman que la transición energética en La Guajira se haga respetando plenamente los derechos indígenas, con información clara y diálogo intercultural que no sea solo una formalidad, sino una conversación sincera.